Hasta ahora, ni las leyes de Probidad, Transparencia, Acceso a la Información y Alta Dirección Pública se la pueden con la tríada: partidos, operadores y padrinos, tres actores claves en la captura. En este reportaje, evidencias y testimonios del descarado proceso en que se perdió el Estado a manos de unos pocos, y reflexiones sobre cómo recuperarlo para todos los chilenos. 
 

Luz María Astorga 
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Santiago Candia volvió el año pasado al "Buen Camino". No porque anduviera por el "malo", sino porque había pasado casi un año en el Sename. El regreso fue bueno, aunque tuvo más de pena que de gloria. 

A sus 42 años, este asistente social fue coordinador intersectorial del Servicio Nacional de Menores y renunció voluntariamente después de lo visto y vivido. Ahora lo toma casi con humor, lo cuenta sin resentimiento, aunque un potente desencanto se cuela en su relato. 

Mientras fue universitario, Candia simpatizó con la DC, pero nunca militó en ese ni otro partido. Después, "seguí mi carrera con mi esfuerzo, sin ningún pituto". En 2014 conoció a la abogada María José Montero (PC), directora regional metropolitana del servicio, y conversaron sobre el Sename. Montero –que no tenía manejo técnico- lo llamó a poco para convertirlo en su "asesor personal". Obvio, debieron encarar el asunto político. "No soy militante. Ni siquiera voté por Bachelet", dijo él. "No importa, mientras no sea público; yo me las arreglo con el partido", contestó ella.

Así dejó su trabajo de director en el Hogar Buen Camino, de la Fundación Padre Semería, para debutar en el servicio público, a contrata, con un sueldo mucho mejor y con la idea de pasar años como coordinador, "aportando" a la institución. No imaginó que en el escritorio esperaban sorpresas, códigos y vicios que, dice, "se replican en muchos servicios". 

Desde mayo de 2015 figura en la web de Gobierno Transparente como "renuncia voluntaria" (ver nota aparte).

¿JAMÁS SERÁN VENCIDOS?

Lo de Candia muestra una realidad conocida, pero no comentada. Sería "políticamente incorrecto". A pesar de eso, algo se filtra…

Alex Cabrera publicó en la web su frustrante experiencia como postulante a cargos públicos. Estudió Veterinaria e hizo un magíster en Microbiología, becado por la Universidad de Concepción. Trabajó un par de años en universidades privadas y públicas haciendo clases part-time, a honorarios. Luego buscó otros horizontes y en 2008 obtuvo una beca de doctorado DAAD/Conicyt, en Alemania. De vuelta quiso entrar al servicio público para aportar "directamente al desarrollo del país". En 2012 descubre Profesionales por Chile, programa para "atraer y desarrollar capital humano con estudios extranjeros financiados por Conicyt, que desde distintos ministerios, intendencias u otros organismos públicos, pongan su talento al servicio de una mejor gestión estratégica del gobierno y a un mejor diseño e implementación de sus políticas públicas". Se inscribió, pasaron más de dos años, el portal nunca se actualizó y, finalmente, el programa despareció.

Cambió el gobierno y volvió a la carga. La página seguía caída. Mandó mail al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al día siguiente el banner desapareció… 

Perseverante, Cabrera postuló "a cuanto cargo público salió en empleospublicos.cl/ Alta Dirección Pública", sin resultado. También a Conicyt, donde después de prorrogar el plazo de un proceso, ¡el cargo desapareció del portal! 

El estéril afán de este veterinario es un botón más para la muestra de un mal de hoy, ayer y anteayer: la mano negra de los partidos políticos que usan el aparato público, lo invaden como cáncer y trabajan desde ahí, no para el bien del país sino de su colectividad. 

Clientelismo, captura del Estado, cuoteo y nepotismo unidos ¿jamás serán vencidos?

En estos días ventiló el tema Nelly Díaz, presidenta de los funcionarios del Registro Civil, cuando el servicio se sumó al paro de la Anef en rechazo al reajuste del sector propuesto por el Gobierno:

"Si hoy despidiéramos a todos los operadores políticos que ha puesto el Gobierno en los servicios públicos, nos sobraría plata (para pagar un reajuste mayor al 3,2% ofrecido). Vemos con pena como los servicios se convierten en verdaderas sedes de partidos. Cuando gastan en ellos, nosotros decimos: ¡‘Échenle una mirada a esas cosas’!".

Los empleados fiscales saben que un coordinador o un asesor cercano al Gobierno que ingresa gana $3 millones, $4 millones y más. Está escrito y publicado. La ley de Transparencia de 2009 obliga.

ALLEGADOS Y APITUTADOS

La historia tiene larga data. Gabriel Vommaro, magíster en Ciencias Sociales de la U. de Buenos Aires y doctor en Sociología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, sostiene que el clientelismo se ha estudiado desde los años 50 en Europa y Estados Unidos. En "el norte" –como dice- se minimizó, no aniquiló, formando servicios civiles fuertes y burocracias autónomas que "dan vías de entradas más atomizadas a los partidos". (Algo así como nuestro Sistema de Alta Dirección Pública, pero no necesariamente con los mismos resultados). 

En Argentina y México, continúa, no existe algo que señalice los modos de acceso al Estado, "lo que crea una disponibilidad de puestos para distribuir entre los fieles políticos".

Acá tenemos el sistema de ADP, ChileCompra, Ley de Probidad y Transparencia… e innumerables testimonios de que la cosa no funciona. 

Hablar de clientelismo es hablar de corrupción, cuoteo, parcelas de poder, pitutocracia y nepotismo. 

Este año, tras las desproporcionadas pensiones en Gendarmería –relejadas en el caso de Myriam Olate, mujer del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade-, y el destape de los 865 menores muertos en el Sename en 11 años, quedó a la vista que el primer servicio es parcela del PS y el segundo, de la DC. En realidad, todos los servicios públicos están y han estado asignados.

Pero Olate, según datos de Gobierno Transparente, es además una de los 43 funcionarios en cargos directivos a comienzos del gobierno con vínculos familiares o parentesco con algún ministro, senador, diputado, subsecretario o intendente de la Nueva Mayoría.

Algunos casos publicados: la subsecretaria de Economía, Katia Trisich, es mujer del senador PPD Felipe Harboe; y la de Turismo, Javiera Montes, es hija del senador PS Carlos Montes.

La jefa de Prensa de la Dirección Económica de la Cancillería es Alicia Galdámez Jeria, prima de Bachelet.

Macarena Ossandón, directora de correspondencia de la Presidenciales, es hija de la titular de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, y Ernesto Galaz, marido de Saball, fue nombrado Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Deporte.

Bernardita Piedrabuena, pareja del ministro Nicolás Eyzaguirre, es asesora de Hacienda; Trinidad Undurraga, hermana del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, es asesora del Sernac.

Marcela, hermana de la presidenta DC Carolina Goic, labora en Contenidos de la Presidencia y su hermano Pedro Tomás es directivo del Sence.

Suma y sigue. Los nombres son muchos y solo una pequeña parte del tema. Tal como los "apitutados" que se acomodan al cambio de signo político del Gobierno sin remilgos. En 2010, por ejemplo, cuando asumió Sebastián Piñera, el arquitecto Juan Antonio Muñoz se convirtió en el Seremi más antiguo de los gobiernos democráticos al ser confirmado en Obras Públicas de la Región Metropolitana. Entonces dijo que congelaría su militancia PPD.

Patricio Tapia, confirmado director de Correos ese mismo año, cercano al núcleo duro del PS, había sido blanco de críticas en el gobierno de Bachelet luego que la Alianza lo acusara de ser parte del emblema del nepotismo. En ese entonces, su mujer, Claudia Serrano, era ministra del Trabajo; su cuñada, Verónica, a directora de Arquitectura del MOP, y otras dos cuñadas también trabajaban para el Estado.

Claro que ni apitutados ni familiares están en la médula del problema. 

DISTANCIA Y DESCONFIANZA

Vommaro, el sociólogo argentino y Hélene Combes lanzaron a fines de octubre "Clientelismo político: desde 1950 hasta nuestros días" (Siglo Veintiuno Editores), donde analizan la situación de América Latina, Europa, EE.UU., Japón y norte de África. Pero él no está tan convencido de que hoy suframos mayor clientelismo ni mayor captura del Estado que antaño:

"Lo que creció es la atención ciudadana y de diferentes actores (ONG, fundaciones) interesados en el control de la vida política por la forma en que circulan los recursos de origen público". Esto, se da en casi todo el mundo y más en algunas regiones. En Latinoamérica ha crecido la transferencia de recursos hacia las clases populares y existe "la sospecha de que pueden ser usados de modo arbitrario".

En los últimos 20 años, a América Latina, el crecimiento económico, el auge de los comodities y los mayores ingresos fiscales llegaron de mano con la crisis del empleo salarial formal. Esto impulsó los programas estatales para ayudar al mundo popular. En general, sostiene el sociólogo, en un 80% esas platas llegan a las personas pero con sesgo político, con el mensaje de que solo a través de vinculación con las clientelas partidarias se puede acceder a ellos".

Y la sociedad que hoy es más distante de la política, que tiene una mirada más negativa de lo que hacen los políticos, sospecha y vigila atenta. 

Coincide la abogada María Jaraquemada, de Espacio Público y del Observatorio Anticorrupción:

"Cada día sabemos más cosas que, probablemente, pasaban hace mucho y no nos enterábamos o quizá ni nos importaban tanto. Hemos cambiado nuestro estándar. Pero la captura del Estado parece imposible de erradicar; es como el agua, puedes poner diques pero siempre algo filtrará. El asunto es que sea lo menos posible… Hay que ir jugando con incentivos y desincentivos, con sanciones más potentes y mayor transparencia".

Según Jaraquemada, "en América Latina vemos distintos tipos de corrupción; acá no tenemos mucho soborno, tampoco está masificado el robo de plata pública por parte de los funcionarios, son más bien excepciones… nuestra corrupción es la captura. Y sin duda ha afectado en la alta abstención electoral y en el resultado de las municipales porque aleja al ciudadano del Estado y de sus representantes. Y éstos, en vez de legislar por el bien de todos lo hacen por el bien de unos poquitos".

A LA LUZ DE LOS ESCÁNDALOS

El trabajo de la Comisión Engel, las nueve leyes que se han publicado en año y medio, apuntan a corregir el problema, "pero falta. Por ejemplo, la puerta giratoria (cuando alguien viene del sector privado y viceversa). Existe un proyecto de ley que ingresó hace meses pero no ha pasado nada", agrega Jaraquemada.

Para el clientelismo, en junio un grupo de diputados –a iniciativa de Pepe Auth- ingresó una moción que buscaba convertirlo en delito, con penas similares al cohecho. Pero duerme el sueño de los justos porque no existe voluntad política, resume el diputado UDI Jaime Bellolio, uno de los propulsores. 

"Efectivamente nos hemos dado cuenta que Chile tiene prácticas que no nos gustan. Conductas que hemos criticado en otros países, los bananeros, decíamos. Creo que la agenda de probidad ha sido bien enfocada. El asunto es que hay que seguir. Sacas muy poco al hacer una reforma parche y no modificar el cuadro completo, porque por ahí va a estar la corrupción o la captura", resume la abogada.

La mayor parte de la agenda no figuraba en el programa de la Presidenta. "Los Casos Penta, Soquimich y Caval gatillaron un proceso que será uno de sus grandes legados. Lo bueno es que en Chile respondemos ante los escándalos. En Brasil no pasa nada", añade.

Para el diputado Bellolio resulta lógico que los cambios se estén haciendo como respuesta a los escándalos, "porque el Estado es una máquina tan grande que cuesta moverla. Y la manera en que más cambian las instituciones es cuando están bajo tensión". 

LUPA PARA MUNICIPIOS

"La ciudadanía exige a las autoridades y éstas, como siempre debió ser, debemos rendir cuentas. El primer lugar con mayor poder de discrecionalidad es el Ejecutivo. El segundo, los municipios", destaca Bellolio, quien por estos días compite con Jacqueline van Rysselberghe por la presidencia de la UDI. "Las alcaldías tienen poca atención ciudadana y ahí se toman decisiones unipersonales que cambian del cielo a la tierra el destino de terceros. Y como son 345, está muy disperso. En el Gobierno, más que en ministros y subsecretarios, es en los servicios públicos, en cargos de tercera y cuarta línea, donde existe más probabilidad de corrupción. Y la Contraloría no puede ser policía".

La captura del Estado, sigue Bellolio, "es gravísima. Muchos funcionarios saben que si no están apitutados políticamente corren riesgo de perder su puesto o de no acceder a una carrera funcionaria. Sus posibilidades de ascenso no dependen del desempeño. Por otra parte, quienes desearían entrar al Estado saben que no pueden porque los concursos son arreglados. El avance de la ADP es tremendo, pero los cargos que nombra son ínfimos. Y en esos otros, que están a honorarios o a contrata, es donde existe un poder discrecional muy grande del gobierno de turno".

A poco de las elecciones municipales, el diputado pide atención a otro asunto: lo que sucede cuando un alcalde pierde una reelección: "El tiempo que pasa hasta que entrega el municipio es cuando ocurren irregularidades. Se amarra el presupuesto del año siguiente y se hacen concursos dejar armadas las plantas, entre otras cosas".

¿El agua siempre filtrará por algún lado?

 

La otra cara del Sename

De entrada, la advertencia: sin militancia, a Santiago Candia nadie lo protegería en el Sename. Le ofrecieron opciones: la DC o el Prsd. Optó por la independencia. Su destino quedó trazado. 

Debió contratar gente. El PC le decía "estas personas deben estar sí o sí". Candia respondía: "No hay problema, mientras tengan capacidad para el cargo". En un caso extremo, le tocó entrevistar una mujer que venía de administrar un centro Sename "y no tenía idea ni de cómo funcionaba ChileCompra, cuáles eran los requisitos. Ella pensaba que por el hecho de tener el visto bueno de partido iba a quedar".

En tres casos le indicaron a quién debía seleccionar. Con dos se negó. "Entiendo que los partidos se nutran de los cargos, pero también que la gente debe ser competente… Pero el PC "es sumamente estructurado, con todos sus miembros ordenaditos, solo debes obedecer".

A los seis meses también había visto que se adjudicaban proyectos que no calificaban técnicamente o que se entregaban a quienes no tenían la competencia. "Siguen el proceso pero todo ¡es un simulacro! Además, daban órdenes no escritas para que otro las cumpliera, evitando así la posibilidad de un sumario", cuenta. 

Le tocó conducir sumarios. En uno relacionado con una sede de San Joaquín -que afectaba a muchas personas que llegaba tarde- le indicaron: "Tienes que sumariarlas lo más rápido posible, pero no sancionarlos según lo que dice el estatuto, sino de forma tal que reciban sanción menor".

Los funcionarios pertenecían a la organización que comandaba el PC, "entonces no podíamos generar conflictos", afirma.

En su paso además conoció casos de sumariados-despedidos que después de tres años estaban de vuelta… Las organizaciones sindicales –con el respaldo partidario- se imponen. Candia cita el caso de un funcionario que entregaba celulares a menores en centros privativos de libertad. Fue pillado, filmado y, aun así, defendido. 

-De las decisiones mal tomadas, ¿cuál destaca?

-Por ejemplo, durante la gestión de Labraña (DC), se decidió instalar OPD (Oficinas de Protección de Derechos) en todas las comunas. Estas oficinas detectan problemáticas de infancia –como abuso sexual, violencia intrafamiliar- que deben reparar y para eso necesitan apoyo de otras instituciones. Pero éstas existen en zonas urbanas, no rurales. Entonces, generábamos un cuello de botella. 

-¿Para qué instalarlas, entonces?

-Intereses personales. Labraña quiere postular a una diputación en la nueva circunscripción en Puente Alto, Bajos de Mena. En el fondo, los que están en esos cargos tienen planes y necesitan figuración.

Hoy, muchos profesionales militan en un partido solo para conseguir pega y tener quién lo cuide. 

-¿Y la ADP?

-Es otra farsa, todo está arreglado-, sentencia.

 

Lo que nos espera

El sociólogo argentino Gabriel Vommaro esquiva hacer pronósticos y comenta:

-Veo dos vectores en sentido contrario que generan tensión. Por una parte, la distancia y desconfianza de la ciudadanía respecto del Estado y grupos empresariales. Por otra, la creciente dificultad de las democracias y de los estados frente al capitalismo desregulado, que muestra enormes dificultades para mantener o mejorar la situación social-económica. Lo de EE.UU es muy claro. Aparecen fuerzas con un discurso anti establishment, que concitan gran apoyo y ponen en problemas a los encargados de gobernar. A esto no le veo pronta solución. Solo aumentarán las desconfianzas sobre cómo se manejan los recursos, cómo los políticos se benefician individual o familiarmente, cómo los empresarios están en convivencia con los políticos, produciendo monopolios… Todo eso aumenta la sensación de que somos cada vez más diminutos frente a esas elites. Nos sentimos así porque los estados son cada vez más pequeños frente a esos conglomerados. 

Candia, por su parte, piensa que si la gente no exige cuentas, el tema irá de mal en peor. Más todavía, si los partidos no cambian el raciocinio cortoplacista. "No veo en ellos mirada ni proyección. Solo que hay que ganar en la próxima elección para no perder el poder. No existen otras ideas fuerzas. Me declaro escéptico".