Circunscrita únicamente a las salas de la Corte Internacional de Justicia de la ciudad de La Haya, se encuentra la relación diplomática entre Chile y Bolivia desde el 24 de abril de 2013, día en que el gobierno de Evo Morales ingresó oficialmente una demanda en contra de nuestro país por una supuesta -e irresoluta- obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico.

De ahí en más una serie de eventos con carácter jurídico han marcado el ritmo de un vínculo vecinal que de bilateralidad real, poco ha sabido.

El último de tales hitos es la demanda que esta vez interpuso Chile contra la nación altiplánica, anticipándose a lo que sería una nueva arremetida de Palacio Quemado, ahora apelando a eventuales usos indebidos del cauce del río Silala, el que Bolivia asegura fue desviado artificialmente para desembocar en la Región de Antofagasta.

En respuesta a ello, Chile solicitó a la corte ratificar que este sistema hídrico es un curso de agua internacional de uso compartido y, de paso, convocó a Bolivia a mostrar sus argumentos frente a acusaciones tan graves como que ha sido víctima de “usurpación”.

“Hoy Bolivia nos acusa de todo, de violar el libre tránsito, los Derechos Humanos de los transportistas, de robarles el agua, de promover el contrabando en su país. Es muy complicado poder llegar a una conversación con un vecino tan vociferante”, asegura Ximena Fuentes, agente de Chile por el caso Silala y directora de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien de visita en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, compartió con estudiantes los alcances de estos casos.

– ¿Cómo se recomponen las relaciones entre ambos países? Parece difícil.

– Creo que el que ha hecho difícil esa senda de entendimiento es Bolivia, porque es complejo iniciar un camino de ese tipo cuando Bolivia primero presenta una demanda en la que señala originalmente que Chile tiene una obligación de negociar hasta otorgarle una sesión territorial marítima. Es difícil cuando hemos negociado de buena fe y jamás con la idea de estar bajo una obligación jurídica. Bolivia judicializó este tema y ha seguido una vía bastante contradictoria, en el sentido de que, si a ellos les interesa sentar a Chile en una mesa, el acoso en el que nos tienen presos no es precisamente una buena manera de generar las condiciones.

– Estas actitudes se arrastran hace años.

– Todo esto se contamina con otro elemento que creo que ha estado siempre presente en los gobiernos bolivianos, que es el de usar a Chile para la política interna. La teoría de que tener a un enemigo común une al pueblo boliviano. Es bien complicado estar en esta posición, con Chile usado como tema de todos quienes desean mantenerse o llegar al poder en Bolivia.

– A estas alturas, ¿se puede hablar de desconfianza hacia Bolivia?

– Yo creo que lo que la demanda marítima va a lograr es que se pierda un poco la buena fe en las negociaciones. Cuando dos partes se sientan a negociar se tienen que sentir con la confianza para poder poner temas sobre la mesa que eventualmente se puedan traducir en un acuerdo entre ambos. Pero si a la mitad de la negociación, alguien va a levantar parte de ella como si fuera prueba de la existencia de una obligación, es complicado.

– En cuanto al caso Silala, ¿qué gana Chile al ser demandante y no demandado?

– La estrategia boliviana no solo fue presentar una demanda a la corte, fue iniciar una campaña comunicacional en la que trata de encontrar aliados en la comunidad internacional para su causa. Bolivia ha hecho una evaluación y ha pensado que lo mejor para encontrar aliados, es presentar una supuesta situación de David contra Goliat. Está el tema de la victimización, y dentro de ella está acusarnos de todo, incluso de robarnos el agua. Entonces, el tema del Silala cae dentro de estas múltiples acusaciones de que nosotros somos Goliat y ellos David.

– Por lo que Chile decide tomar la iniciativa…

– El presidente Morales, para mantener vivos ciertos sentimientos, anuncia una futura demanda, señalando con un lenguaje bastante ofensivo que Chile es un ladrón de agua. Después, su canciller dice que se tomarán dos años en la preparación de esa demanda. Dos años en que nosotros proyectamos que nos van a acusar de ser ladrones de agua. ¿Qué es lo que uno puede hacer en estos casos, en que tiene un vecino vociferante señalando falsedades? Es ahí en que a veces los tribunales pueden transformarse en aliados de uno, en el sentido de decirles “mire, Chile no tiene dudas, porque así lo demuestran sus estudios científicos, el río Silala es un río internacional, es un sistema de aguas transfronterizo”. Se nos acusa para lograr un objetivo político comunicacional y creo que la mejor forma de responder es diciendo “nos vemos en la corte”.

– No habría punto medio entonces en esta controversia, a diferencia de la demanda marítima. 

– Así es, el otro caso es una disquisición más jurídica, si a partir de ciertas conductas nacen obligaciones. Aquí los argumentos jurídicos vienen adicional a la prueba científica. Tenemos que probar y mostrar antecedentes científicos, el derecho después viene solo, porque si el agua del Silala es transfronteriza, los dos estados tienen derecho a utilizarla.

– Luego del caso con Perú y el avance del diferendo con Bolivia, ¿qué lecciones hemos aprendido tras largos años de litigios?

– Creo que siempre que uno va a un tribunal tiene que saber que en ocasiones los resultados son insólitos. No son un grupo de personas infalibles, hay muchos aspectos que mirar, entonces, cada vez que uno está ante un tribunal se enfrenta a eso. Uno hace su mejor defensa y a veces las cortes salen con decisiones creativas. Ahora, si como Estado no estamos dispuestos a vivir con ese tipo de incertidumbres, quiere decir que no estamos preparados para enfrentar juicios internacionales. Tenemos que estar preparados, no todo es blanco o negro, y en cuanto a la defensa jurídica, puedo afirmar que hemos hecho la mejor.