La entrega de un documento que no fue explícito en cuanto a la exigencia de un trato igualitario para las 27 universidades que integran el conglomerado generó divisiones e hizo retroceder los acuerdos en cuanto a la reforma en educación superior. 

 

La reunión que sostendrán este jueves los rectores en Concepción será clave. No sólo porque por fin podría haber claridad en cuanto a la llamada indicación sustitutiva a la reforma, sino también porque a partir de los acuerdos que se tomen en la cita podría restaurarse o no la relación entre los planteles estatales y no estatales al interior del conglomerado.

La titular de Educación comprometió para esta semana la entrega de una respuesta a la propuesta del Cruch realizada la semana pasada en una reunión y declaró que espera "podamos resolver este tema en Concepción", argumentando que se trata más de un tema relativo a la glosa presupuestaria que al proyecto de ley.

Los rectores del G9 han sido claros al respecto. "En el proyecto de presupuesto de este año se refleja una vez más este trato discriminatorio en favor de las universidades estatales", declaró el representante de la Universidad Federico Santa María, Darcy Fuenzalida.

Pese a ello, el presidente del G9, Claudio Elórtegui, manifestó que las diferencias van más de determinada glosa, sino que se explican por la ausencia de un criterio de "trato igualitario" entre los 27 planteles que forman el grupo. "Este documento omite ciertos elementos que nos parecen fundamentales para incorporar en las bases de las indicaciones para la reforma de la educación superior", declaró. 

Además, existen factores de contexto que complejizan la unidad al interior del Cruch, uno de ellos la redistribución de los fondos pertenecientes al modificado Aporte Fiscal Indirecto, que tendría una merma de $2 mil millones para la red de las no estatales. 

Documento Cruch

Desde las estatales, el vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, estimó que faltan afinar criterios en el documento que incorporen los planteamientos del G9, sin embargo, estimó, se da un paso importante en cuanto a la nueva ley. "Creemos que nuestros planteamientos expresan un cambio sustantivo de esta reforma".

El texto sostiene que "una ley que aborda materias de tanta trascendencia como lo es la educación superior, uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país, debe ser tramitada y discutida con sumo cuidado y especial dedicación". 

También plantea que el proyecto debe presentar "una visión sistémica y amplia de la educación superior de nuestro país, reconociendo las características de su historia, valorando la riqueza y diversidad que le otorgan la provisión mixta, plural y territorial del sistema actual". Por otro lado, puntualiza que "una simple política de ampliación de la gratuidad por sí misma no favorece necesariamente un sistema de provisión mixta orientado a fines públicos, y no fortalece a las instituciones ni la calidad del sistema de educación superior en su conjunto". 

En cuanto a la composición del sistema universitario actual, el documento señala que se "requiere de un cambio sustantivo que sea impulsado tanto por la reforma legislativa, como por los instrumentos de la política que se deriven de ella. Este cambio estructural debe materializarse en el mediano plazo en un fortalecimiento de las instituciones del Consejo de Rectores. En consecuencia, resulta altamente preocupante que contrariamente a lo que se busca , la reforma termine consolidando el predominio de la oferta privada".

Otro de los aspectos que se menciona, pero que genera mayor consenso, es que el proyecto de ley "debe considerar que las instituciones de educación superior están llamadas a generar el conocimiento avanzado, desarrollar investigación básica y aplicada y, por lo mismo, contribuir al progreso político, social, económico y cultural del país y sus regiones, asumiendo especialmente los desafíos exigidos por la nueva etapa de desarrollo que Chile enfrenta".