Desde Gendarmería argumentan que no existe la capacidad técnica para que ellos salgan, mientras que el Indh insiste en instalar urnas al interior de las cárceles.

 

Marcelo Castro Bustamante
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El pasado 30 de septiembre, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, autorizó a 22 reos que se encuentran en calidad de imputados a que puedan participar del proceso eleccionario del próximo 23 de octubre. 

La petición surgió durante una visita del magistrado a la cárcel Santiago Uno – donde sólo hay personas que están en prisión preventiva, producto de una investigación judicial- en donde los reclusos pidieron poder ejercer sus derechos ciudadanos.

Ese mismo día, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) entablaron diversos recursos de protección en contra del Servicio Electoral en ocho Corte de Apelaciones, ubicadas en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco, en donde piden que el "organismo establezca los mecanismos necesarios para que los reos que no han perdido sus derechos ciudadanos, puedan ejercerlos como lo establece la ley".

Para poder entregar un fallo, las distintas cortes de Apelaciones pidieron informes al Servel y a Gendarmería para establecer la viabilidad de la solicitud, que deberá ser resuelta durante esta semana.

Mientras que en la audiencia realizada en el tribunal capitalino, el juez Daniel Urrutia resolvió que todos los imputados correspondientes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago puedan votar, ya que el Servicio Electoral deberá habilitar "los mecanismos necesarios para que, las y los ciudadanos sujetos a prisión preventiva puedan ejercer plenamente sus derechos políticos garantizados en nuestro ordenamiento".

La resolución del magistrado se adoptó tras escuchar a la Fiscalía, quienes no se opusieron a la medida. Sin embargo, por el lado de Gendarmería de Chile, el jurista Raimundo Ovalle, pese a reconocer el derecho que tienen los imputados en prisión preventiva para votar, explicó que en la práctica el organismo no tiene la capacidad técnica para trasladar a los reos a sus locales de votación. A su vez recalcó que no se oponían a la instalación de mesas de escrutinio en las cárceles. Cabe consignar que a la audiencia no asistió ningún representante del Servel.

Vulneración de derechos constitucionales

Entre los argumentos entregados en audiencia por los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Hndh, María Daniela Lara y Pablo Rivera, se encuentra que el Estado al no permitir esto, está vulnerando tres derechos fundamentales validados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con los derechos políticos, civiles y de garantías judiciales.

En este organismo consideran que desde 1990 a la fecha no se cumplen los derechos de los reos, y que las justificaciones entregadas por Servel y Gendarmería en esta materia son injustificables, en la omisión de algo que está garantizado por la constitución de país. 

Desde el Indh estiman que son 13 mil personas que están en calidad de imputados y que no han perdido sus derechos ciudadanos quienes debieran ejercer este derecho a sufragio.

Juez polémico

No es primera vez que el juez Daniel Urrutia intenta obligar al Servel y a Gendarmería a permitir que los reos voten en unas elecciones. Para los comicios presidenciales de 2013 adoptó una medida similar, la que fue incumplida por los organismos, mientras que a raíz de ese dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario en contra de magistrado. Misma situación que ocurrió con este fallo.

Desde la Asociación Nacional de Magistrados apoyaron la determinación de Urrutia, puesto que "se sienta un precedente, puesto que es un juez de garantía en el ámbito de sus atribuciones dicta una sentencia a favor de los privados de libertad". 

Desde el gremio recordaron que en 2014 el Servicio Electoral anunció un proyecto de ley para que los privados de libertad puedan votar, situación que no se ha concretado.

En relación a las polémicas resoluciones del magistrado Urrutia, y a los seis sumarios que enfrenta, Álvaro Flores, presidente de la Asociación, estima que existe una vulneración a la independencia que deben tener los jueces "especialmente en resoluciones como está, en donde el juez Urrutia ha sido disciplinado por las cortes superiores, especialmente en situaciones relacionadas en materias carcelarias", explicó.

Hasta el cierre de este informe, todavía no se publicaba la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de anular el dictamen del juez Daniel Urrutia por "excederse en sus atribuciones".

En el intertanto, además se abrió un sexto sumario en su contra, situación que obligaría al traslado del magistrado a otro tribunal. Mientras que para hoy, se espera una audiencia de verificación de cumplimiento de la resolución tomada el 30 de septiembre.