Al cierre de esta edición cobraba fuerza la aprobación de la iniciativa, no obstante, se planteaba la idea que la primera elección se concretara en 2021, y no el próximo año.

 

Ángel Alexis Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Al cierre de esta edición, aún se debatía en el Senado la Reforma Constitucional que establece la elección directa de los intendentes (futuros gobernadores regionales) y la creación de la figura de delegado presidencial regional.

Y en las últimas semanas, las negociaciones y conversaciones del Ejecutivo con aquellos congresistas del oficialismo que se han descolgados del proyecto, han estado a la orden del día. Y no sólo eso.

Desde la actual administración también se han acercado a algunos representantes de Chile Vamos. De hecho, en su oportunidad se habló de Francisco Chahuán (dijo que entregar poder a las regiones era clave para el desarrollo), y José García Ruminott, quien durante su alocución manifestó su voto favorable.

"Yo no puedo votar en contra de esta iniciativa, aún cuando reconozco que tengo dudas" y "el proceso tiene que ser gradual, paulatino. Si no partimos ahora, no lo vamos a hacer nunca", fueron algunas de las declaraciones del congresistas de La Araucanía.

Durante la discusión en el plenario, también intervinieron los ministros del Interior, Mario Fernández; y secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre. El primero, comentaron fuentes de Diario Concepción, sostuvo una larga plática con algunos de los representantes oficialistas que habían manifestado sus dudas, entre ellos, Ricardo Lagos Weber.

Y si bien no se descartaba una elección para el próximo año, la opción más viable era aprobar la Reforma, concretando la primera elección en 2021.

Entre las opiniones planteadas, la senadora Lily Pérez dijo que "hay grupos que no quieren perder poder"; y su par independiente, Antonio Horvath, habló de "una oportunidad única" para comenzar a descentralización.

Quienes se manifestaron en contra, como el representante de La Araucanía, Alberto Espina, manifestaron que se trataba de un proyecto que estaba "mal hecho" y que el Gobierno "podía mejorarlo en dos meses".