Autoridad admitió que pueden existir desequilibrios en cuanto a la composición y sistemas de nombramientos en el nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
 

Tania Merino Macchiavello
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"Evidentemente puede haber una falta de equilibrio que habrá que corregir", dijo la jefa de la División de Educación Superior, Divesup, Alejandra Contreras, sobre el Consejo para la calidad, organismo que, de aprobarse la Reforma tal como está, reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación, CNA.

La entidad fue severamente cuestionada en cuanto a la imparcialidad y falta de realismo por un grupo de rectores, entre ellos el de la UdeC, Sergio Lavanchy, quien en su presentación de esta semana ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuestionó que sea el Ejecutivo quien nombre a los representantes del Consejo y que no existan instancias para la apelación, lo que, sostuvo, podría llevar a judicializar los casos.

Consultada al respecto, la representante del Mineduc admitió que "existe la voluntad absoluta de cambiar la forma de composición y nombramientos… La verdad es que no hay ningún interés de que esta sea una comisión dependiente de un gobierno de turno, al contrario, lo que queremos es que sea una institución autónoma", manifestó

Agregó que "la experiencia de la actual CNA nos muestra que es necesario velar fuertemente por el peligro de captura que existe desde las instituciones de educación superior, que son las que finalmente son interesadas en lo que la comisión resuelve más que el Gobierno. Evidentemente puede haber una falta de equilibrio que habrá que corregir".

Y es precisamente la CNA, una de las entidades que ha mostrado mayor resistencia a la fórmula propuesta para la acreditación, no sólo en materias de nombramientos, sino en cuanto al requisito de acreditación obligatoria. 

"Concentrar una evaluación de esta magnitud en un período acotado, y respecto de un número determinado de carreras y programas, resulta ser contrario a los propósitos evaluativos perseguidos, puesto que puede generar distorsiones e impacta sobre la institución y su desarrollo", acusó la comisión en un documento entregado al Mineduc.

Al respecto, Contreras explicó que la exigencia de acreditación obligatoria es intransable, sin embargo, existe también flexibilidad en cuanto a la fórmula como se acreditará. "Eso es algo que también se puede ajustar. Hay que pensar que estamos hablando de niveles de acreditación, no es que todas tengan que ser igual, la idea acá es reconocer que hay estándares mínimos que todas deben cumplir".

Indicación sustitutiva

Las modificaciones que plantea la jefa de la Divesup se suman a los anuncios realizados por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto de introducir indicaciones sustitutivas al proyecto de reforma de educación superior, en particular, sobre el rol de las instituciones de la red G9, como planteles de relevancia pública. 

"En esa indicación, precisó Contreras, se busca "un mayor reconocimiento" de las instituciones de esta red, debido a que "probablemente en la ley no quedó suficientemente explícito".

Al respecto, el rector de la Ucsc, Christian Schmitz, manifestó que, la indicación sustitutiva "es un primer paso, de gran relevancia, dado que ese reconocimiento debiera traducirse en financiamiento, pero el tema que está pendiente es el de regiones, de esta dificultad de generar calidades equivalentes a las de la Región Metropolitana y de contar también con los fondos necesarios para nivelar y para hacer educación desde regiones", opinó.

Agregó que la red se comprometió a entregar una propuesta al Ministerio para establecer criterios diferenciadores entre los planteles no estatales al interior del Consejo de Rectores y las universidades privadas del resto del sistema. 

"Nos hemos comprometido con el ministerio en aportar con un documento más técnico sobre el rol de las universidades, más que una definición, criterios que ayuden a decidir si una universidad tiene o no función pública", aportó el rector.