Los representantes del G9, de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), el rector de la Universidad de Concepción y su símil de la Usach expusieron su visión de la Reforma frente a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Los representantes del G9, de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), el rector de la Universidad de Concepción y su símil de la Usach expusieron su visión de la Reforma frente a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
Que es centralista, poco realista, que carece de imparcialidad, que omite aspectos importantes en cuanto a la formación de especialidades y postgrado y que podría llevar a la judicialización de los casos no exitosos son parte de las críticas planteadas ayer al nuevo sistema de acreditación de la educación superior por un grupo de rectores -entre ellos el titular de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy- ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
A la cita concurrieron, además del rector de la UdeC, el presidente de la red G9, Claudio Elórtegui, el presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, AUR, Patricio Sanhueza, y el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, quienes pusieron sobre la mesa sus críticas al nuevo Consejo para la Calidad en la Educación Superior.
"Hay una cosa en el proyecto que no es realista al obligar a las instituciones a acreditarse en las cinco dimensiones, que no es realista hoy día y tal vez mañana tampoco, porque si se aplicara hoy día tendríamos sólo 13 universidades acreditadas… La pregunta que uno se hace es ¿qué pasa con aquellas que en investigación claramente no se van a acreditar?", interrogó Lavanchy.
La autoridad cuestionó además que sea el Ejecutivo quien nombre a los representantes del Consejo y que no existan instancias para la apelación, lo que, adelantó, podría llevar a judicializar los casos.
En la sesión además se manifestó la preocupación por cuanto no están contemplados procesos de acreditación ni financiamiento para el postgrado, lo que pone en peligro el trabajo de los planteles en esta materia.
Para el presidente de la AUR, convendría revisar el proyecto en cuanto a la selección de pares evaluadores, para q ue se consideren especialistas de regiones, evitando que en la práctica pueda "predominar una apreciación metropolitana en la aplicación de criterios y estándares. Los que somos de regiones nos damos cuenta, de que los conceptos se miran desde y con los ojos de la Región Metropolitana y no desde y con los ojos de regiones".
Como consecuencia, opinó, estos parámetros de juicio no deben derivarse de instituciones grandes o insertas en medios académicos y socioeconómicos más favorables, como la matrícula con alto puntaje PSU, citó como ejemplo. "La experiencia nos indica que el carácter regresivo y predictivo de la PSU, como determinante de acreditación generaría instituciones perdedoras y ganadoras".
Rol de las Universidades
Un tema que no podía faltar en este encuentro era la definición de roles de los planteles, uno que los integrantes del G9 han insistido en clarificar por cuanto de la clasificación que se haga de ellos, dependerá la asignación de los recursos y las proyecciones en los planes de desarrollo de las distintas universidades.
En su presentación Lavanchy criticó que la legislación vigente posee hasta el día de hoy indefiniciones sobre la misión, rol y función de las instituciones, que es la que hizo posible la proliferación inorgánica de universidades, institutos profesionales y CFTs, "resultando insuficientes las capacidades de regulación del sistema necesarias para garantizar la existencia de entidades sólidas, de calidad y cuya última finalidad no sea otra que la de entregar formación al más alto nivel y la generación de bienes públicos de interés nacional".
Asimismo, sentenció el rector, la actual reforma no establece políticas claras y coherentes que reconozcan la diferencia cualitativa de las universidades de mayor complejidad dentro del sistema.
Una diferenciación respecto del resto de las privadas fuera del Cruch, que el presidente de la red G9 argumentó con cifras, destacando que en ellas el 83% de los estudiantes proviene de establecimientos municipales y particular-subvencionados, que tienen un 82% de retención en primer año, que concentran el mayor número de programas de doctorado, que registran un 43% de publicaciones indexadas, entre otros indicadores que, a juicio de Elórtegui, no hacen más que comprobar el compromiso y rol de estas instituciones.
Frente a estas apreciaciones, la ministra Delpiano señaló que dentro de las indicaciones que prepara el Ejecutivo para mejorar el proyecto de Reforma a la Educación Superior se considerará que "muchas veces se ha hablado de las universidades de vocación pública, y definir eso es muy difícil en abstracto, pero el país tiene una historia de reconocer en un conjunto de universidades que dieron origen a esta vocación pública y eso la ley lo va a reconocer". Respecto de la forma que tomará ese reconocimiento, explicó que ello se reflejará "básicamente en los financiamientos".
Al respecto, el Presidente de la Red G9 y Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, señaló que lo indicado por la secretaria de Estado es "una buena noticia", precisando, sin embargo, que "nosotros esperamos que ese tipo de planteamientos se concreten".
Rol del Cruch
Un punto llamativo dentro de la conversación con los parlamentarios fue la preocupación de estos cuatro representantes del Cruch en cuanto a la vigencia del Consejo que agrupa a 27 planteles, los 25 actuales y los dos en proceso de creación.
Zolezzi defendió la mixtura entre universidades estatales y no estatales dentro del grupo argumentando que planteles como la UdeC, la Austral y Federico Santa María estuvieron desde un comienzo y fueron parte fundadora de este grupo, entendido como un órgano enfocado en la calidad.
Para Elórtegui es necesario "revalorizar" al Cruch, porque tiene una trayectoria y tradición, que ha dado muestras de calidad y excelencia".
De todos modos, coincidieron en que es posible incorporar a él nuevos planteles, aunque con criterios de calidad como requisito.