A la espera de ser visado en la comisión de Hacienda del Senado se encuentra el proyecto de ley que crea la Región de Ñuble, situación que de no ocurrir la próxima semana, quedará para fines de septiembre.

 

Isabel Charlin
Diario La Discusión

Durante octubre -un mes complicado en el Congreso, pues se discute la ley de Presupuesto-, la iniciativa debería pasar a sala para culminar así su primer trámite constitucional, quedando en condiciones de iniciar su discusión en la Cámara de Diputados.

Esta última etapa, según parlamentarios locales, es fundamental que se desarrolle en no más de cuatro meses, para que así el proyecto pueda ser promulgado durante el primer trimestre de 2017.

¿La razón? Debido a que el Ejecutivo le ha dado prioridad a la elección directa de intendentes, y es probable que este proyecto se apruebe pronto (para que así debuten los comicios en noviembre de 2017), lo lógico sería que la Región de Ñuble naciera con su primera autoridad elegida democráticamente.

Eso sí, debido a que la iniciativa legal comprende una serie de etapas relativas al proceso de instalación, lo más probable es que de haber un intendente electo, éste se tope con el delegado presidencial que nombrará la Presidenta apenas se promulgue la ley que crea la Región de Ñuble, lo que debiera ocurrir en marzo-abril de 2017.

Esta figura, contemplada en el proyecto de ley como "un funcionario público de la Administración Central o descentralizada que ejercerá funciones por un plazo máximo de un año, con el objeto de apoyar la instalación y gestión del Gobierno Regional de Ñuble", a juicio del diputado DC, Jorge Sabag, podría ser asumida por quien resultara electo intendente (gobernador regional, de acuerdo al proyecto que se estudia en el Senado).

Según el parlamentario, el intendente electo de Ñuble vendría a reemplazar al delegado presidencial.

"Si todo sale bien, tendremos una autoridad electa en noviembre de 2017, que tendrá más competencias, lo que diferenciaría a Ñuble de las experiencias de Arica y Parinacota y Los Ríos, que según algunos analistas, no han sido todo lo exitosas que se hubiera querido, principalmente, porque han tenido autoridades designadas desde Santiago", manifestó.

El legislador puso énfasis en que "estamos contra el tiempo, tanto para sacar la ley de elección directa de intendentes y que estos se elijan en noviembre, como para aprobar la Región de Ñuble y que ésta pueda también elegir a su futuro gobernador regional. Los plazos también corren para quienes quieren competir en las elecciones de 2017 y son actualmente autoridades, pues deben renunciar un año antes, es decir, en noviembre próximo".

Delegado v/s Intendente

Si bien la figura del delegado presidencial no es del agrado del senador Alejandro Navarro, éste es partidario de diferenciar dicho cargo del de intendente.

"No me gusta, es como decir que las regiones no tienen personas capaces. Los delegados que piden audiencias y tienen que esperar horas para que los atiendan, no son delegados presidenciales, por lo tanto, el perfil de quien ocupe ese espacio debe ser muy especial", dijo, agregando que dicha persona no debe tener aspiraciones de cargo de elección popular, ni tampoco ser "ahijado" de los parlamentarios.

Respecto de la posibilidad de que Ñuble elija a su intendente, manifestó que "en mi opinión, no sería adecuado, justo, ni equitativo que la Región del Bío Bío eligiera a su intendente, y Ñuble tuviera que esperar cuatro años más. La Región puede y debe debutar con un intendente elegido democráticamente, sería la única región de Chile que contaría con un historial de democracia directa desde su nacimiento", sostuvo el parlamentario.

Además de la dualidad propia de funciones que podría darse entre un delegado presidencial y un intendente electo, está también la posibilidad que este último resultara ser de un sector político distinto al del gobierno de turno. 

Éste es un punto que preocupa a algunos personeros, como el senador Felipe Harboe, quien se opone a aprobar el proyecto de elección directa de intendentes tal como está, con un umbral de aprobación de solo un 40%, ya que a su juicio, debe ser por mayoría absoluta, además de transferirse realmente las competencias en orden financiero y político, punto que es materia de otro proyecto de ley que se discute actualmente en el Senado.