El punto esencial, comentó el presidente de los cores en Chile, Marcelo Carrasco, es que los cambios que se proponen no implican mayor definición de recursos. El Gobierno central seguirá decidiendo el grueso de las inversiones regionales.

Ángel Alexis Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En medio de la discusión para sacar adelante la elección directa de los intendentes, el Gobierno generó un protocolo de acuerdo con el objetivo de zanjar algunas diferencias.

El documento fue entregado a los parlamentarios y ayer fue conocido por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), quienes se reunieron con la comisión de Gobierno Interior del Senado y con el subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), Ricardo Cifuentes (en la imagen).

Pero más allá de las buenas intenciones y del aumento en facultades para los intendentes (o futuros gobernadores regionales), en Ancore no están conformes, entre otros motivos, por la insistencia de un representante del Ejecutivo, que se llamará Delegado Regional Presidencial, que según el protocolo será nombrado y removido por el Presidente de la República.

"Ahí tenemos diferencias, queremos que se elija la autoridad y que tenga competencias concretas. En el proyecto de traspaso de competencias, nosotros no queremos más programitas o indicaciones, vía Ley de Presupuesto, lo que queremos son facultades reales, y eso tiene que ver con la realidad de cada territorio", comentó el presidente de Ancore, Marcelo Carrasco (Ancore). 

El representante de los consejeros regionales dijo que el gobernador regional, en el fondo, va a administrar en el 8% de los recursos que significa el actual Fondo Nacional de la Desarrollo Regional (Fndr) y "el otro 92% los va a administrar el Delegado Regional Presidencial . Esto significa que no llegará un peso más de decisión regional. El Gobierno central seguirá decidiendo".

En el protocolo de acuerdo, cabe precisar, no se manifiesta cuáles serán las competencias que serán transferidas, sí los criterios que se considerarán para ese objetivo. A saber: Que sea una competencia de clara aplicación regional; que el ejercicio de la aplicación de la competencia implique mejor calidad y oportunidad en la toma de decisiones (en este apunto aclara que administración central conservará dicha competencia); que la transferencia no genere perjuicio a otra región; que la competencia pueda ser potencialmente ejercida por la mayoría de las regiones.

"La guinda de la torta"

Pero esas no son todas las diferencias que tienen los consejeros.

Hay un punto que generó molestia en los consejeros y que apunta a la posibilidad de entregara sus opinión en proyectos de gran envergadura. "Dentro de esta categoría -dice el escrito- se considerarán proyectos cuyos montos de ejecución superen las 20 mil UTM". 

"La guinda de la torta son las 20 mil UTM. Eso quiere decir que no existe ninguna noción de lo que son los presupuestos regionales", dijo la consejera regional del Bío Bío y representante de Ancore, Tania Concha (PC).

La representante del Core coincidió con Carrasco en que el traspaso de competencias no implica la llegada de más recursos para las regiones.

"Yo me pregunto, ¿dónde están la Ley de Financiamiento para las regiones? ¿Dónde están los impuestos territoriales? Nosotros vamos a seguir decidiendo el 8%. Eso es un burla. Me he llegado a convencer de que, lamentablemente, hay algunos que no tienen idea del Chile en el cual estamos viviendo", manifestó la consejera.

Este punto, el hecho de que las regiones puedan recibir más recursos y definir sus propias políticas, es lo que han planteado quienes están en contra de este proyecto de elección de intendentes.

Cabe precisar que en el protocolo de acuerdo se manifiesta que para su materialización se debe despachar el proyecto de Reforma Constitucional (el de la elección de los intendentes) a más tardar la segunda quincena del mes de septiembre.
 

La nueva estructura regional

Según el protocolo de acuerdo la nueva estructura de gobierno y administración regional estará compuesto por el Gobernador Regional y nuevas divisiones (seis en total), el Consejo Regional, una Unidad de Control y principio de probidad y un delegado regional presidencial. Este último es que el que genera los mayores anticuerpos.

Según el documento, "será el representante del Presidente de la República en la Región" y le corresponderá supervigilar, coordinar y fiscalizar los organismos (léase ministerios) que se relacionen con la Presidencia de la República, y no tenga relación con el Gobierno Regional.