Entre quienes ya enfrentan cargos por parte de la Fiscalía de Valparaíso se encuentran ex funcionarios de la Junji que fueron desvinculados por sus nexos con el actual Core. La cifra defraudada al Fisco asciende a cerca de $180 millones.

Marcelo Castro Bustamante 
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El total nacional de formalizados en el Caso Soquimich (SQM) alcanzó la sorprendente cifra de 110 personas, en el marco de la investigación por el financiamiento irregular de la política en los 18 meses de indagatoria. El 10% de estos está ligado al Consejero Regional por Concepción y ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz.

Eguiluz fue el primero en ser formalizado por la elaboración de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica, cuyos dineros habrían servido para financiar a la sede de RN en Concepción. Esta imputación fue por el pago de $125 millones a través de boletas falsas. Además, de otros 17 documentos tributarios de otros contribuyentes por $340 millones, que también fueron pagados por la empresa de Julio Ponce Lerou.

Los boleteros ya formalizados son Álex Cañete Valenzuela, Cristián Fuentes Castillo, Jorge Daza Aránguiz, Alejandra Ibarra Rebolledo, Miguel Sanhueza Herrera y Daniel Gutiérrez Fariña quienes permanecen con medidas cautelares de firma y arraigo. 

A ellos se sumaron el pasado miércoles 31 de agosto María del Pilar Torres Machuca, Luisa Figueroa Rebolledo y la ex secretaria de la Junji del Bío Bío, Ninfa Gatica, a quienes se les imputó la facilitación de boletas ideológicamente falsas.

Salidas alternativas

Para el ente persecutor, todas ellas cumplían los requisitos para una salida alternativa en la investigación. Esto significa que en el plazo de un año deberán cumplir ciertas condiciones para dar por finalizada la causa. En este caso, el tribunal definió que no deberán cometer ningún delito, fijar domicilio y pagar el 5% del monto defraudado. En efecto, María Torres y Ninfa Gatica cancelarán un millón de pesos en 10 y 12 cuotas respectivamente, mientras que Luisa Figueroa devolverá al Fisco dos millones de pesos en 10 pagos.

Justificación del beneficio

Según la investigación que lleva el fiscal regional de la V Región, Pablo Gómez, tanto María Torres como Ninfa Gatica emitieron una boleta de honorarios para SQM de 20 millones de pesos cada una y que fueron cobrados por ellas, en compañía de Claudio Eguiluz. Misma situación para Luisa Figueroa, con la diferencia que entregó dos boletas por $20 millones cada una.

La fiscal Paola Castiglione explicó a Diario Concepción que el trío de imputadas ha colaborado sustancialmente con la investigación y que los montos de las boletas son bajos, por lo que las hace beneficiarias de estas salidas alternativas. 

La persecutora no quiso adelantar si Claudio Eguiluz podría optar a este beneficio. En cifras del Ministerio Público, el fraude al erario nacional generado por esta red de boleteros asciende a $179.842.491. Eso sí, desde el ente persecutor recalcaron que la investigación no ha finalizado, por lo que la cantidad de imputados y el dinero involucrado podría aumentar.

Mientras que los abogados defensores señalaron que esta suspensión condicional no significa que ellas asuman culpabilidad en los hechos. Esto a pesar de que Ninfa Gatica y Pilar Torres reconocieron ante la Fiscalía que al momento de retirar los dineros, estuvieron acompañadas en todo minuto por el ex vicepresidente de RN.

El abogado Álvaro Quezada, defensor de Ninfa Gatica, asegura que su defendida fue utilizada por un sistema político orquestado por los señores Eguiluz y Christian Fuentes. "Ella siempre actuó de buena fe, pero fue utilizada por estas personas para fines políticos. Ella no tiene ninguna responsabilidad, ni fue un favor para nadie", puntualizó.

Desvinculación política 

Ninfa Gatica estuvo en la polémica, luego de que el Consejo de Defensa del Estado decidiera indemnizarla con un millón 335 mil pesos tras ser despedida de la Junta de Jardines Infantiles de la Región del Bío Bío.

Según el abogado Álvaro Quezada, la salida del organismo por parte de Gatica ocurrió el 31 de diciembre de 2015, y estuvo ligada netamente a su participación en la causa y los antecedentes existentes comprobarían una persecución política. 

"Su despido llega antes de que enfrentara a la justicia, lo que es un acto arbitrario e irregular. El estar en una causa judicial en donde no se habían determinado responsabilidades no es una justificación para un despido laboral", sentenció el jurista penquista.
 

Caso SQM, una bomba de racimo

La arista SQM comenzó a investigarse en febrero del año 2015 como parte del caso Penta. Esta persecución abarca todo el espectro político, puesto que se encuentran formalizados emblemáticos miembros de la UDI, como Pablo Longueira, y cercanos al actual gobierno de Michelle Bachelet. 

Una de las aristas es la pre campaña presidencial de la mandataria, la que recibió recursos de la minera no metálica a través de la empresa "Asesorías y Negocios", de Giorgio Martelli, en donde los ex ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas entregaron boletas por servicios que nunca se habrían realizado. En esta parte, también aparece mencionado el abogado de la zona y actual fiscal de Cochilco, Alex Matute Johns, quien también emitió boletas de honorarios en forma fraudulenta. 

En la última audiencia se presentaron cargos a los hijos de Jorge Pizarro y Roberto León, emblemáticos miembros de la Democracia Cristiana. Además del miembro de esa tienda y ex embajador en República Checa, Marcelo Rozas, su esposa e hijo. En tanto, el próximo miércoles 19 de octubre al mediodía será formalizado Cristián Warner, asesor comunicacional de Marco Enríquez Ominami.