El proyecto de fortalecimiento de las regiones sería analizado después de la Reforma Constitucional que establece la votación popular de los jefes de los gobiernos regionales.

 

Ángel Alexis Rogel Álvarez
Angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Durante la semana que ya termina, en medio de la aprobación del proyecto de ley que crea la Región de Ñuble, en la comisión de Gobierno del Senado, y la discusión sobre la elección directa de los intendentes, la frase "sin facultades y competencias", se repitió en más de una ocasión.

De hecho, dos senadores del mismo territorio, pero que hacen política en distintas veredas, como son Víctor Pérez (UDI) y Felipe Harboe (PPD), coincidieron en el punto.

El primero, por ejemplo, consultado por las críticas que han surgido por el debilitamiento que supondría la división del Bío Bío, dijo que "las regiones se debilitan en la medida que no tienen facultades, no por su extensión o magnitud de su territorio".

Por ende, yo creo que el camino para fortalecer a las regiones es otro, transferir competencias y recursos, o la posibilidad de tomar decisiones, que es la capacidad de gobernar no sólo de administrar".

¿Aló, Santiago?

En la oportunidad, agregó que "no sacamos nada con elegir a autoridades que no tengan atribuciones o recursos. Lo único que vamos a generar va a ser frustraciones, es por ello, que le hemos transmitido al Gobierno que estamos dispuestos a avanzar en la elección del intendente, pero también con un protocolo claro de traspaso de competencias".

El representante del PPD, en tanto, al explicar su oposición a la Reforma Constitucional para elegir a los intendentes, dijo que "que las decisiones se van a seguir tomando en Santiago. Prueba de ello, es que más allá del proyecto de transferencia de competencias, que le otorga más facultades al futuro intendente, todavía no ingresa la iniciativa que le entrega competencias presupuestarias. Esto porque, lo más probable, es que el Ministerio de Hacienda y, particularmente, la Dirección de Presupuesto, no esté disponible para entregar parte de su poder a la nueva autoridad electa".

Harboe, además, dijo estar "de acuerdo con la descentralización. Siempre lo he dicho, aquí y ahora, ley de rentas regionales, pago de patentes en las regiones, autonomía presupuestaria, posibilidad de endeudamiento, altiro. Pero nada de eso viene en el proyecto de fortalecimiento. Entonces, podemos estar creando una figura que crea una expectativa de descentralización, pero, en la práctica, no resuelve los problemas del territorio".

Traspaso de competencias

Emblemáticos representantes del regionalismo como Heinrich von Baer, presidente de Fundación Chile Descentralizado y otrora integrante de la comisión presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, en una reciente entrevista al portal de la citada fundación, aludió a las iniciativas de elección directa de intendentes y de traspaso de competencias.

Manifestó que el "problema es que el tiempo está corriendo. Si no se lograra la aprobación del actual trámite de la Reforma Constitucional y la ley de traspaso de competencias durante el mes de mayo (de 2017) no perderíamos un año, perderíamos un cuatrienio completo".

En efecto, se tiende hablar de proyecto traspaso de competencias o fortalecimiento de los gobiernos regionales, con el cual los consejeros regionales (cores) también tienen diferencias, pero la pregunta es qué pasa con esa iniciativa.

Acuerdo en ciernes

El proyecto de traspaso de competencia y de fortalecimiento de las regiones (también conocida como la ley larga de cores) está en su tercer trámite legislativo, en la comisión de Gobierno Interior del Senado, y durante la semana que inicia mañana podría haber novedades, comentaron el diputado, integrante de la comisión de Gobierno de la Cámara, Marcelo Chávez (DC), y la consejera regional y representante de la Asociación Nacional de Consejeros Regional (Ancore), Tania Concha (PC).

Este martes se va a suscribir un protocolo de acuerdo entre los parlamentarios donde se va a abordar no sólo la reforma constitucional que posibilidad la elección directa de los intendentes y el umbral de votación que tiene que alcanzar la autoridad para ser electa (hasta ahora el acuerdo apunta al 40%), sino también se va a abordar el traspaso de competencias, en palabras de Chávez, "mejorado".

La idea es que haya acuerdos previos a la discusión tanto de los senadores como de los diputados.

¿En qué consistirán esas mejoras? Eso es lo que nadie sabe, o al menos, existe una idea vaga, pues aún se está negociando con los ministerios y algunos que en un principio estaban de acuerdo con determinados puntos, conforme han pasado los días, han reculado. No obstante lo anterior, se habla de 30 a 41 competencias que se sumarían a las 23 que ya existen en el proyecto de ley.

"Sólo se habla que las políticas regionales deberán adecuarse a las políticas nacionales", comentó la consejera Tania Concha.

Chávez, junto con manifestar que "todo lo que sirva para mejorar y dar mayor poder de decisión a la regiones me perece bien", explicó que "la competencia que se traspasa incluirá el financiamiento. Por ejemplo, uno de los temas que parece estar cerrado es el traspaso del programa de pavimentos participativos, que es del Ministerio de Vivienda, pasaría a la (futura) división de Infraestructura del Gobierno Regional".

Tres cabezas

Cabe precisar, que la ley de traspaso de competencias establece la creación de tres nuevas divisiones al interior del Gobierno Regional, y una de ellas, ya se comenzó su trabajo en la Región del Bío Bío, de manera piloto, la de Fomento Productivo.

Uno de los temas que no se descarta es que la iniciativa de presupuestos regionales pueda ser parte del protocolo. De hecho, el diputado Chávez comentó que ya fue solicitado al ministro Nicolás Eyzaguirre.

El objetivo es que la totalidad de la facultades que se acuerden, y que se conocerán entre lunes y martes, sean anexadas inmediatamente a los intendentes electos en 2018 y que ejercerán hasta el 2022.

Con posterioridad, los futuros gobernadores regionales (así se llamarán los intendentes electos), durante los primeros 18 meses en el cargo podrán solicitar nuevas competencias, bajo cuatro criterios, a saber: que esa particular competencia sea decidida a nivel regional; que el gobierno central no la pueda hacer mejor; que la competencia tenga algún aplicación general y que no sólo la aproveche una determinada región, y, por último, que no se dé lugar a un arbitraje regulatorio.

Entre las nuevas competencias propuestas se apunta a la posibilidad de que los consejeros regionales puedan aprobar la realización de grandes proyectos, superiores a las 20 mil UTM.