Planteles analizan internamente el impacto de la reforma. Visualizan necesidad de establecer fondos para posgrado para fortalecer la investigación y piden relevar a las instituciones de regiones. 

Tania Merino Macchiavello
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Más allá de si se concreta o no la idea de la dividir el proyecto de ley que reforma la Educación Superior, los académicos de distintas universidades están trabajando en el análisis del actual articulado y las señales que arrojan estos estudios son de preocupación, por ejemplo, con lo que ocurrirá con el trabajo científico al fortalecerse solamente la educación de pregrado. 

El decano de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, Roberto Riquelme, por ejemplo, explica que una de las principales inquietudes en su facultad es lo que puede pasar con el quehacer científico "porque esta ley, en cierto modo, nivela hacia abajo". También preocupa cómo afectará a los alumnos y a las instituciones de regiones "porque aquí se repite el esquema centralista del país", señaló.

Del mismo modo, la inquietud está presente entre los docentes de la Universidad del Bío Bío, quienes han analizado en distintos claustros el proceso de reforma, a partir del cual elaboraron un documento para contribuir al diseño de la legislación. 

"Financiamiento de la Educación Superior y gratuidad son aspectos diferentes que atender. Se define a las universidades como generadoras de conocimiento, se habla de un rol investigador y creador de conocimiento de las universidades. Sin embargo, el financiamiento se otorga sólo al pregrado. Es necesario considerar recursos permanentes para uso exclusivo de investigación", declaran. 

"Consideramos que, además de educación, el rol de las universidades está en la creación, investigación e innovación". 

Carácter público

En la Universidad de Concepción, el trabajo de análisis de la Reforma se inició hace algunas semanas, por lo que ya es posible extraer algunas conclusiones en cuanto a cuáles son las preocupaciones que plantean los académicos en relación a la ley. 

El decano de la Facultad de Educación de la UdeC, Oscar Nail, expresó que uno de los puntos relevantes para la UdeC tiene que ver con la definición del carácter público de la educación. "Nosotros quedamos dentro de las (instituciones) privadas, pero no se visibiliza el tema de la educación con objetivos públicos, que es lo que hace la Universidad de Concepción", sostuvo el académico.

Esto, agregó, tiene un impacto importante "en la medida en que los recursos se dividan sólo entre públicos y privados, y no se reconozca a estas universidades que tienen una historia eminentemente pública. Yo creo que eso marca porque, si bien el foco no debiera ser el financiamiento, lamentablemente, su efecto en el desarrollo posterior (de las instituciones) puede ser clave.

¿Y las humanidades?

La misma preocupación existe en Humanidades y Arte, donde -como señaló su decano, Alejandro Bancalari- "existe consenso en que esta ley daña la naturaleza de la UdeC. No reconoce su historia, evolución y desarrollo, y tampoco reconoce explícitamente su rol público ni su aporte a la movilidad social".

Lo mismo ocurre en la Universidad del Bío Bío; el rol de las instituciones que forman el Cruch, dicen en el plantel, es un tema clave que se debe dilucidar, aunque como es previsible, allí abogan por un mayor fortalecimiento estatal. 

En ambas casas de estudio, en tanto, se hace hincapié en la necesidad de dar valor a la actividad regional. "Debe destacarse la importancia de ser una universidad regional, la cual debe hacerse cargo de una serie de aspectos que requieren de una atención especial. Nuestros estudiantes llegan con carencias, lo que representa costos adicionales para la Institución", plantea la propuesta UBB. 

Asimismo, los académicos analizan otras necesidades, como la de aumentar la gratuidad a la titulación oportuna, que en la del Bío Bío dicen debe crecer por lo menos 20% de los años de duración formal de la carrera.

"No todas las carreras se terminan en el período que corresponde debido a distintos factores, por ende, se ve contradictorio el establecimiento de la gratuidad sólo para los años que éstas duren. Existen dudas acerca de la posibilidad de que las universidades puedan asumir el 50% del arancel en el año posterior al cumplimiento de la duración nominal de la carrera".