El rector que lidera al grupo de las 27 universidades del Consejo estimó que hubo una intención de impedir que las instituciones conocieran los mecanismos de financiamiento previo a la presentación del proyecto. 

 

Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl

Fue categórico al mencionar que tras la salida de Eyzaguirre no hubo real diálogo y que lo que existió fue simplemente una simulación. El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, agrega hoy ante Diario Concepción que no sólo se trató de una reforma simplista, sino que además hubo falta de lealtad en la forma como se manejó

– ¿Reafirma esa visión sobre la simulación de diálogo?

– Sí, lo he dicho responsablemente porque participé de las conversaciones que tuvimos a propósito del sistema de aseguramiento de la calidad, de la institucionalidad pública, específicamente de la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia, pero nunca fue posible hablar sobre financiamiento público. Siempre manifestamos que ese era un capítulo fundamental porque iba a expresar claramente la voluntad política en función de cuál era el carácter del sistema de educación superior que queremos tener en el país. Nunca fue posible y siempre hubo excusas, pretextos, es decir, una actitud muy poco leal en democracia.

– Esa actitud poco leal, ¿de quien?

– Desconozco a quién correspondió la decisión de finalmente postergar o impedir que pudiéramos conocer el proyecto en su totalidad… No puedo hablar de una autoridad determinada, pero claro son todas aquellas que intervinieron en la redacción y definición de este proyecto de reforma de educación superior.

– En financiamiento, se dice que a las estatales se hará a partir de las leyes de presupuesto. ¿Es eso fortalecimiento de la educación pública?

– Hay un discurso en favor de las universidades estatales, pero cuando uno mira el proyecto con cierta profundidad advierte que no hay ningún fondo nuevo que se cree para las universidades estatales, el único es el que sustituye al Aporte Fiscal Directo, es decir, que se quita, entre otras, a las mismas universidades estatales para formar un fondo abierto a todas las instituciones que adscriban a gratuidad. Esa afirmación de que este proyecto favorece a las universidades estatales es del todo errónea.

– En ese sentido, también se restan fondos a universidades como la UdeC…

– Me parece una insensatez, un desatino que se prive a la UdeC y a otras que tienen la misma condición… es francamente un despropósito de este proyecto de reforma inexplicable, que lo único que merece es una crítica muy explícita.

– La ministra hizo una declaración de la posibilidad de hacer a la UdeC estatal, eso quedó hasta ahí, sin embargo, aquí se formó una agrupación en defensa de la UdeC, que nace entre otras cosas, en respuesta a eso. ¿Cuál es su opinión?

– No es necesario que la UdeC se convierta en una universidad estatal para que reciba aportes públicos, que abandone una valiosa y larga tradición y desde luego su carácter como una universidad que ha contribuido indudablemente en el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la cultura no sólo en esa Región del Bío Bío sino en todo el país, desde hace ya muchas décadas. Me parece innecesario, sin perjuicio de que la universidad por sí misma pueda concordar una mayor articulación con el Estado, pero no para perder su tradición fundacional. 

– Vimos lo que pasó con la U. Autónoma, hay universidades que no necesariamente tienen un rol público y que están accediendo a los beneficios. 

– Este proyecto lo que hace es consolidar y fortalecer la oferta privada y en ningún caso la educación pública… y con recursos públicos. 

– Se habla de la fijación de miles de aranceles, usted ha expuesto otra postura…

– Se opta por dar al Estado la condición de comprado o de proveedor financiero y que finalmente deba regular aranceles con las consecuencias que ello puede tener para financiamiento.

– El plenario del jueves estuvo marcada por la pugna entre la ministra Delpiano y la rectora Pey. Un comentarista dijo "o sea va una o se va otra". Más allá del acto administrativo, ¿en qué pie queda la ministra en términos políticos tras este rechazo?

– No es recomendable desde luego que la autoridad administrativa solicite la renuncia a autoridades académicas que, obviamente, ello puede vulnerar un principio sustantivo de nuestra tradición universitaria como es la autonomía. Es muy importante que los actos en que se base estén suficiente fundados en antecedentes que no dejen dudas acerca de la legitimidad o validez de esa decisión.

– Porque además si se trata de estar en desacuerdo con la Reforma los 27 del Consejo de Rectores estarían cuestionados.

– Así es.