El titular de Hacienda Rodrigo Valdés explicó ayer ante la Comisión de Educación los detalles financieros en materia de aranceles y de aportes fiscales. 
 

Tania Merino Macchiavello
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Tiene que estar finalizado antes que termine el gobierno de la presidenta Bachelet, advirtió ayer la ministra a los parlamentarios presentes en la sesión para discutir la reforma a la educación superior. "No puede ser un proyecto que quede en un cajón", exigió con energía. 

La titular de educación llegó hasta el Congreso para explicar los aspectos financieros de la reforma ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y acallar rumores respecto de roces en su relación con el ministro Rodrigo Valdés, argumentando su ausencia de la reunión pasada en los seis proyectos de ley que actualmente se encuentran en discusión y cediendo gran parte de las explicaciones sobre el proyecto al titular de Hacienda. 

Aranceles

Valdés detalló los dos modelos de aranceles que propone el proyecto de ley. Argumentó que el modelo está pensado para que ninguna de las universidades al interior del Cruch pierda y que su aplicación dependerá del tránsito del actual sistema a la implementación de la gratuidad y de la concreción de la nueva institucionalidad que regirá el sistema.

En el corto plazo, dijo el responsable de la billetera fiscal, el proyecto propone seguir con los aranceles regulados de gratuidad que se basan en un ponderado de los aranceles de referencia que consideran años de acreditación y el nivel de carreras, entre otros factores. 

En cuanto a la determinación del cálculo del arancel actual, explicó el ministro, se consideraron los de 9 mil carreras.

Posteriormente, se establecerá un nuevo mecanismo determinado por expertos en el que las instituciones podrán proponer modificaciones a estos valores. Para esta etapa, sin embargo, requiere estar en funcionamiento la superintendencia de Educación Superior. 

A la fecha se han calculado 3.125 y 658 se encuentran en funcionamiento.

Para la etapa de transición el secretario de Estado explicó que está considerado un nivel de flexibilidad regulada inicial en que los planteles podrán establecer diferencias en el cobro entre los alumnos que están dentro de la gratuidad y los que no. "No queremos disminuir demasiado fuerte la capacidad de las instituciones de educación superior de cobrarle a las familias de los deciles más altos rápidamente en el corto plazo, porque no tenemos recursos para rellenar esos fondos".

En cuanto a la distribución de los aportes basales manifestó que tampoco existirá riesgo para las instituciones que actualmente reciben el Aporte Fiscal Directo, porque si bien se distribuirá la torta de manera distinta incorporando fondos de trato preferentes a las estatales, a través de recursos destinados a investigación, existirá un incremento en los recursos disponibles, de manera de que no existan mermas para los planteles, cuestión que en todo caso no convenció a todos parlamentarios como la diputada Yasna Provoste, quien apuntó a que las universidades tradicionales, integrantes del G9 sí verán recortados sus recursos. 

"El caso de que una universidad que recibe el AFD quede peor es extremo, porque con cualquier parámetro de distribución le va a llegar más", le refutó Valdés.