En una nueva sesión legislativa, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una solicitud de resolución que plantea que las personas privadas de libertad en Chile realicen trabajos productivos dentro de los recintos penitenciarios. La iniciativa busca que los internos puedan contribuir al costo de su mantención y, al mismo tiempo, generar oportunidades para su reinserción social.
El documento, presentado por el diputado Roberto Arroyo, solicita al Presidente de la República realizar las gestiones necesarias para que los reclusos, tanto en prisión preventiva como cumpliendo condena, desarrollen actividades laborales en beneficio del Estado. La propuesta responde a la creciente preocupación por el alto costo que implica mantener a cada interno en prisión, cifra que supera los $600.000 mensuales por persona, según datos del Ministerio de Justicia.
Uno de los principales argumentos a favor de la medida es que, además de reducir la carga económica para el Estado, permitir que los internos trabajen podría ser un paso clave para mejorar su proceso de reintegración social. Según expertos en reinserción, el acceso a empleo y capacitación dentro de las cárceles facilita la transición de los reclusos a la vida fuera de prisión, disminuyendo las probabilidades de reincidencia delictual.
El diputado Arroyo enfatizó que la iniciativa no busca imponer trabajo forzado, sino establecer un modelo en el que los internos puedan desempeñar funciones remuneradas o con beneficios para su permanencia en el sistema, de manera que se genere un impacto positivo tanto para ellos como para el país.
La resolución fue aprobada con 88 votos a favor, 18 en contra y 15 abstenciones.
