La industria de las apuestas online multiplica sus ingresos mientras el marco regulatorio chileno continúa en un limbo legal. Miles de chilenos apuestan diariamente en plataformas extranjeras sin protecciones adecuadas. ¿Quién vela por sus derechos cuando surgen problemas? ¿Qué ocurre con quienes desarrollan adicciones al juego en un entorno digital disponible 24/7?
El mercado de juegos de azar online o iGaming ha experimentado un crecimiento exponencial en Chile durante los últimos cinco años. Estimaciones de la industria indican que más de 2 millones de chilenos participan regularmente en estas plataformas, generando un mercado que supera los US$150 millones anuales.
Este auge responde a múltiples factores: la penetración masiva de smartphones, la pandemia que aceleró la digitalización del entretenimiento, y un público joven cada vez más atraído por la adrenalina del juego instantáneo. Sin embargo, esta expansión ocurre en un contexto de ambigüedad legal preocupante.
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha sido clara: las plataformas de iGaming que operan en Chile lo hacen fuera del marco legal establecido. Mientras tanto, estas empresas argumentan que al tener sus servidores en el extranjero no están sujetas a la legislación chilena. El resultado es un vacío normativo donde operan sin control efectivo.
¿Qué sucede cuando una industria millonaria crece sin supervisión adecuada? Esta es precisamente la pregunta que mantiene en alerta a expertos en salud pública y protección al consumidor.
La transparencia en las operaciones representa uno de los principales desafíos éticos del sector. Los usuarios necesitan garantías de que los juegos no están manipulados y que sus datos personales y financieros están protegidos. Sin embargo, distinguir entre plataformas confiables y aquellas con prácticas cuestionables resulta difícil para el jugador promedio.
Las plataformas más serias suelen contar con certificaciones internacionales que verifican la aleatoriedad de sus juegos y ofrecen herramientas de autoexclusión. Buscar una lista de casinos con pagos rápidos puede ser un buen indicador inicial, ya que la velocidad y transparencia en los retiros suele reflejar la solidez financiera y ética del operador.
La publicidad agresiva constituye otro problema significativo. Estrategias como bonos de bienvenida extremadamente atractivos o promociones que minimizan los riesgos del juego se han normalizado en redes sociales y medios digitales. Estas tácticas frecuentemente apuntan a públicos jóvenes, prometiendo ganancias fáciles sin destacar adecuadamente las probabilidades reales o los riesgos asociados.
María Fernández, psicóloga especializada en adicciones comportamentales, señala: “La publicidad actual del iGaming romantiza las apuestas y minimiza sus riesgos. No vemos los mismos estándares éticos que se exigen a otras industrias como el alcohol o el tabaco“.
La ludopatía o adicción al juego constituye probablemente el mayor desafío ético para la industria. El formato digital intensifica varios factores de riesgo: accesibilidad permanente, anonimato, ausencia de controles sociales y uso de tarjetas de crédito que desdibujan la percepción del dinero real.
Las estadísticas internacionales sugieren que entre un 1% y 3% de los jugadores online desarrollan conductas problemáticas. Aplicado al contexto chileno, esto podría representar decenas de miles de personas afectadas directamente, sin contar el impacto en sus familias y entorno.
El Dr. Carlos Ibáñez, investigador en conductas adictivas de la Universidad de Chile, advierte sobre una realidad preocupante: “Estamos observando casos cada vez más jóvenes, algunos incluso menores de edad que acceden sin verificaciones adecuadas. El cerebro adolescente es particularmente vulnerable a los sistemas de recompensa que utilizan estas plataformas“.
Algunas medidas internacionales que han demostrado efectividad incluyen límites obligatorios de depósito, verificaciones de identidad robustas, mensajes preventivos durante el juego y la prohibición de ciertas características especialmente adictivas. Sin embargo, en Chile la implementación de estas prácticas depende casi exclusivamente de la voluntad de las propias empresas.
El Congreso chileno lleva años debatiendo distintas iniciativas para regular el iGaming. Los legisladores enfrentan el difícil equilibrio entre proteger a los ciudadanos y no sofocar un sector económico emergente.
“No podemos seguir permitiendo que esta industria opere en las sombras“, afirma el diputado Matías González, uno de los impulsores de un proyecto regulatorio. “Necesitamos un marco que garantice impuestos justos, proteja a los consumidores y prevenga el juego problemático, siguiendo los mejores estándares internacionales“.
Reino Unido, España y Colombia representan modelos regulatorios que Chile podría considerar. Estos países han implementado sistemas que combinan licencias estrictas, impuestos específicos, controles de acceso y fondos dedicados a la prevención y tratamiento de la ludopatía.
El modelo colombiano resulta particularmente relevante por su contexto latinoamericano. Desde su implementación en 2016, ha logrado formalizar gran parte del mercado y generar importantes recursos fiscales, aunque los críticos señalan que las medidas de protección al jugador podrían ser más robustas.
El iGaming ha llegado para quedarse en el panorama chileno. La cuestión no es si debe existir, sino cómo puede desarrollarse de manera ética y responsable. Una regulación equilibrada podría transformar un sector problemático en uno que genere beneficios económicos y sociales.
Esta regulación debería incluir, como mínimo, licencias estrictas, verificación de edad, herramientas de juego responsable, transparencia en las probabilidades, limitaciones publicitarias y un fondo destinado a prevención y tratamiento.
El futuro del iGaming en Chile dependerá de la capacidad de todos los actores; empresas, reguladores, profesionales de la salud y la sociedad civil, para colaborar en un marco que equilibre la libertad personal con la protección de los más vulnerables. El desafío es considerable, pero los costos de la inacción podrían ser mucho mayores.
