PGU: ¿Cuáles son las causales para la suspensión de la Pensión Garantizada Universal?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal destinado a los adultos mayores de 65 años en Chile, tanto para aquellos que ya están pensionados como para los que aún no se jubilan. Este aporte tiene como objetivo mejorar la situación socioeconómica de los beneficiarios, entregando un pago mensual de hasta $214.296, dependiendo de la pensión base del solicitante.

¿Cuánto se puede recibir de la PGU?

El monto de la PGU varía según la pensión base del beneficiario. Si la pensión base es menor a los $729.765, el beneficiario recibirá el pago máximo de $214.296. En el caso de que la pensión base sea superior, pero inferior a $1.158.355, el monto de la PGU será menor. Este beneficio está diseñado para ayudar a los adultos mayores con pensiones bajas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

¿Cómo y cuándo solicitar la Pensión Garantizada Universal?

Cualquier adulto mayor que cumpla con los requisitos exigidos puede solicitar la PGU en cualquier fecha del año. La solicitud se puede hacer tanto online a través del sitio web de ChileAtiende como de manera presencial en cualquiera de sus sucursales.

¿Cuáles son las causales para la suspensión de la PGU?

Aunque la PGU es un beneficio que puede recibir de manera continua quien cumpla con los requisitos, existen causales que pueden llevar a la suspensión de los pagos:

• No cobrar la PGU durante seis meses consecutivos: Si el beneficiario no retira el pago durante seis meses seguidos, se suspenderá el beneficio.


• No presentar los antecedentes solicitados por el IPS: El Instituto de Previsión Social (IPS) requiere que los beneficiarios actualicen los antecedentes para verificar que siguen cumpliendo con los requisitos, especialmente en relación al Registro Social de Hogares (RSH). Si el beneficiario no presenta los documentos solicitados dentro de los tres meses siguientes a la solicitud del IPS, se suspenderá el pago de la PGU.

Cabe destacar que el IPS realiza una revisión cada tres años para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos, como no pertenecer al 10% más rico de la población. La próxima revisión será en junio de 2025.