Software chileno contribuye a mitigar efecto de desastres naturales en las carreteras

SIGER-RV es una herramienta que identifica los caminos que pueden verse dañados por eventos naturales como terremotos, crecidas de ríos o inundaciones, y determina el costo de inversión necesaria para repararlos o bien para reforzarlos, reduciendo el daño futuro.

Chile es un país con larga historia de desastres naturales. En muchas ocasiones terremotos, aluviones, erupciones volcánicas o grandes lluvias han dañado caminos y carreteras, dejando partes del territorio aislados. ¿Es posible, en base a lo ocurrido en el pasado, prever cómo responderá la infraestructura vial a los desastres?

Esa pregunta se planteó hace casi 20 años el Dr. Tomás Echaveguren Navarro, académico de la Universidad de Concepción, quien junto a la Dirección de Vialidad y el Centro EULA comenzó a estudiar los efectos de eventos naturales en la red vial. En una primera etapa, recopiló información de los cortes de caminos producidos desde 1999 a 2009, clasificando el nivel de riesgo que tenía cada ruta de verse afectada por estos incidentes.

“La investigación científica disponible es nuestro punto de partida. Nos hicimos la pregunta acerca de cómo ese conocimiento lo transformamos en algo que sea útil para los ingenieros y los geógrafos, pero también que tenga un soporte científico, o sea que tenga credibilidad en su concepción y su desarrollo”, detalló el académico.

Con esto en mente, se asoció a la Dra. Alondra Chamorro Giné, de la Pontificia Universidad Católica, desarrollando modelos que permitieran estimar el riesgo de cortes de caminos. Luego de años de investigación, finalmente se logró entregar al Ministerio de Obras Públicas la licencia para operar un software capaz de analizar el riesgo físico o la vulnerabilidad social de la red ante cada amenaza.

La herramienta, llamada “Sistema de Gestión de Riesgos en Redes Viales” (SiGeR-RV), tiene además la capacidad de optimizar las estrategias de mitigación y restauración, además de analizar y priorizar gastos de mantención y asignación presupuestaria. “La plataforma va a quedar alojada en el MOP para que pueda ser utilizada como bien público y va a permitir identificar las infraestructuras que son más críticas dentro de la red y, a partir de eso, optimizar la inversión para tener una red más resiliente, con menos riesgo y, por tanto, con menos impactos negativos para la sociedad”, explicó la profesora Chamorro.

Adelantarse y responder a las catástrofes

El valor estratégico de esta tecnología es que responde a los tratados de Hyogo y de Sendai, que establecen que los países tienen que ser resilientes ante los desastres naturales y el cambio climático. “Tenemos que prepararnos y acostumbrarnos porque estas amenazas seguirán en aumento”, apuntó la Dra. Chamorro. “Primero debemos entender cómo funciona nuestra infraestructura y cómo podemos invertir de manera estratégica, entendiendo la escasez de recursos”. Para ello, la plataforma permite simular eventos extremos de emergencias naturales e informa sobre situaciones críticas, como puentes debilitados, cortes de ruta u otros efectos.

El director nacional de vialidad (MOP), Jaime Retamal, destacó que el software propone una mirada preventiva, que facilita el diseño y planificación de las políticas públicas. “Los eventos que ocurrían tras cierta cantidad de década hoy pueden estar pasando cada dos o tres años y, por lo tanto, la forma en que tradicionalmente hacíamos la planificación y los diseños de la estructura pública ya no es la misma”, y agregó “La velocidad con la que podemos ponernos a tono con estas necesidades redunda en un mayor beneficio social para nuestra gente”.

Retamal destacó que el pilar de este proyecto es la colaboración entre el Estado, las universidades y agentes privados. En efecto, en distintas etapas se sumaron actores como la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la asociación gremial COPSA -que agrupa a las empresas de concesión vial en nuestro país- el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres Naturales (Cigiden), el Instituto de Geografía de la UC, e investigadores internacionales como la Dra. Susan Cutter, académica de la University of South Carolina, así como expertos de las universidades de Delaware, de Boulder Colorado y la Universidad de Oakland (EE. UU.).

Tecnología “made in Chile”

En países como Estados Unidos y Nueva Zelandia ya existen sistemas similares. Un ejemplo es Hazus, desarrollado por la Federal Emergency Management Agency. Sin embargo, esas tecnologías no integran todas las amenazas que pueden afectar a Chile, como el riesgo de tsunamis o erupciones volcánicas. “El nivel de detalle que nosotros estamos logrando es muy específico y característico de nuestra geografía y de nuestras amenazas”, aseguró el Dr. Echaveguren.

“Este caso de investigación colaborativa e interdisciplinaria, con un impacto social concreto y cuyos resultados serán gestionados por una institución pública nos llena de orgullo”, comentó Andrea Catalán Lobos, directora ejecutiva de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción. Se trata de un ejemplo de cómo se avanza en la búsqueda del desarrollo de ciencia con impacto en Chile. “La transferencia tecnológica es una herramienta virtuosa para que la sociedad se beneficie de las capacidades, experiencias y visiones de futuro de los investigadores y los profesionales de la OTL UdeC están dedicados a acompañar y a apoyar estos procesos”, agregó.

El software, que podrá monitorear a través del MOP los caminos no concesionados, debe mantenerse en constante actualización, con lo que podría avanzar a las vías concesionadas y otras infraestructuras críticas. Algunos casos ya analizados a través de simulaciones son los caminos que unen las comunas de Villarrica y Pucón, la conectividad de Santiago con los puertos de San Antonio y Valparaíso y el peligro de deslizamientos en las cuencas del Maipo y el Aconcagua, permitiendo anticipar el efecto de potenciales daños en la distribución eléctrica y de agua potable, accesibilidad y concentración del tráfico vehicular, entre otros usos.