Al Tribunal Constitucional (TC) acudirá el Gobierno para evitar la posible anulación de la cuestionada Ley de Pesca, informaron desde el Ejecutivo en el marco del debate de su derogación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, informó que la reserva de constitucionalidad se debe a que los legisladores “no tiene ningún poder anulatorio de leyes” bajo la actual Constitución, consignó 24 Horas.

Asimismo, Ossa calificó de un “gravísimo precedente aprobar una ley que anula una anterior”, advirtiendo que podría comenzar una seguidilla de iniciativas similares. “Se podría venir una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho además de cuestionar lo que durante años este Parlamento ha hecho por el país”, añadió la autoridad de Gobierno.

“Pretender cuestionar esto atenta contra la ley, la estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho“, sentenció Ossa.