La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que tipifica como delito la alteración de la paz pública a través de hechos de violencia. Son siete las situaciones que buscan ser perseguidas con penas específicas y agravadas.
Este proyecto ha sido impulsado con premura desde La Moneda para intentar aplacar los desórdenes callejeros y ataques a locales comerciales, hechos que no han cesado desde el estallido social del 18 de octubre.
La norma busca castigar con penas de hasta 5 años de presidio escenas comunes en las últimas semanas: barricadas en las calles, lanzamiento de piedras y el saqueo de comercios, entre otros, siendo los mayores agravantes el actuar entre dos o más personas y hacerlo “con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público”.
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, como los servicios de transporte, hospitalarios, de emergencia, electricidad, combustible, agua potable y comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos (barricadas).
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
7. Se aplicará el grado máximo de la pena (5 años) cuando los partícipes hayan actuado organizados entre dos o más personas para cometer habitualmente los hechos mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita, figura ya abordada en otro marco del Código Penal.
La propuesta además, realiza un agregado en el apartado del Código Penal relativo al robo con fuerza, lo que tendría relación con los saqueos. Allí se establece que se aplicarán penas desde tres a cinco años de presidio cuando el autor cometa dicho delito “actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público”.
La iniciativa fue aprobada en general con 127 votos a favor y siete en contra de los legisladores Florcita Alarcón (PH), Hugo Gutiérrez (PC), Amaro Labra (PC), Esteban Velásquez (FRVS), Félix González (Ecologista), Pamela Jiles (PH), Emilia Nuyado (PS).
Otros 13 diputados de oposición optaron por abstenerse.
En la votación en particular, norma por norma, en la oposición hubo diputados que dieron su visto bueno a los artículos contra los saqueos, no así con el aumento de penas en otros puntos. Tal fue el caso de la diputada Camila Vallejo (PC), quien señaló no estar de acuerdo “con la criminalización de las manifestaciones”.
La única norma que no pudo prosperar fue aquella que apuntaba a “impedir, mediante coacción, la realización de la manifestación o reunión pública“, informó la Cámara de Diputados.
Foto: Diputado Javier Macaya
Revisa AQUÍ el detalle de la votación.