"Tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño", fueron las palabras del secretario de Estado, enmarcadas en la indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.
El reciente fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, afirmó en entrevista en La Tercera que “tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño“.
Las palabras de Fontaine, enmarcadas en la indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, fueron interpretadas como que dichos derechos fueron entregados a perpetuidad. Sin embargo, el secretario de Estadio salió al paso para esclarecer la situación.
“No estamos cambiando nada de los derechos de agua tal como rigen hoy día. Los derechos de agua hoy día son de duración indefinida, cosa que mantenemos, y que también mantenía para los derechos ya otorgados la propuesta que hacía el Gobierno de la (ex) Presidenta Bachelet y que está hoy día en el Senado”, indicó Fontaine según consiga CNN Chile.
A lo anterior, el titular del MOP aclaró que la propuesta realizada por Bachelet “era ponerle un límite de 30 años (a los derechos de agua) y nosotros, en lugar de eso -porque creemos que esa es una manera poco adecuada de asegurar que el agua se use de forma responsable, que es el principal problema que tenemos en Chile- lo que hacemos es que se mantiene el mismo régimen actual, de duración indefinida, pero se cobra a través de un sistema de licitación a quien solicite un derecho de agua a la Dirección General de Aguas”.
En esta línea, Fontaine acusó que hubo un “error de interpretación” de sus palabras. A su vez, destacó que “el principal problema que tenemos hoy en Chile es la falta de seguridad hídrica, no jurídica, y a eso es donde apunta nuestra propuesta”.
Para el ministro de Obras Públicas, la opinión pública se ha concentrado “en un punto menor de la reforma, (pero) mucho más importante que eso son todos los incentivos que estamos dando para un uso responsable del agua, para priorizar el consumo humano y para darle al Estado instrumentos que permitan planificar el uso del agua y en consecuencia regularlo mejor”.