Con el fin de “generar condiciones de igualdad y mayor competencia”, el Ejecutivo enviará este viernes una indicación sustitutiva al proyecto que regula las plataformas de transporte remunerado de pasajeros.

A través de esta acción, se busca modificar el proyecto de “Ley Uber”, ingresado en 2016 bajo la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet, para dar mayor énfasis en la calidad de servicio, los usuarios y el uso de tecnologías.

La iniciativa establecerá que los conductores de aplicaciones cuenten con licencia profesional A1 y que no posean antecedentes penales como tráfico de drogas, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte o delitos sexuales. También, se les pedirá la contratación de seguros de responsabilidad civil para los pasajeros.

Por otra parte, se exigirá a las aplicaciones como Uber, Cabify o Easy Taxi constituirse como una empresa de transporte remunerado de pasajeros de Chile, iniciar actividades y pagar impuestos en el país.

La indicación además permite al Ministerio de Transportes reservarse la facultad de instaurar futuras condiciones de operación para las empresas de aplicaciones, como, a modo de ejemplo, restringir el tránsito de estos vehículos en ciertas zonas para disminuir la congestión u otorgar condiciones especiales para vehículos cero emisión.

Es importante señalar que la iniciativa impone sanciones tanto para las empresas de aplicaciones como para los conductores que no cumplan con las exigencias del proyecto de ley, las que van desde las 10 a 100 UTM ($ 477.290 a $ 4.772.900) y serán impuestas por los juzgados de Policía Local. Asimismo, el Ministerio de Transportes podrá cancelar del registro de la aplicación a una empresa por acumulación de infracciones.

El proyecto, además, propone sanciones a los pasajeros que colaboren en entorpecer la fiscalización.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, calificó la medida como “una ley corta, pero que es bien concreta para establecer una nueva regularización en el transporte privado.

A su vez, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que con la indicación se busca “asegurar la igualdad de condiciones tanto para taxis como para las plataformas, avanzar hacia la profesionalización del sector y garantizar un foco en calidad y seguridad para los usuarios”. Con la nueva ley “aumentaremos las exigencias para las plataformas e impulsaremos el uso de tecnología para que los taxis puedan modernizar su operación y así entreguen un servicio más eficiente, moderno y competitivo”, sentenció Hutt.