Este martes, durante la audiencia que marcó el inicio del segundo proceso penal ocurrido en el Tribunal Oral de Temuco, la administración entrante de Sebastián Piñera materializó la incorporación del abogado Luis Hermosilla dentro del equipo legal que representa al gobierno en el nuevo juicio por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Según explicó el jefe jurídico del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, “por instrucción del ministro (Mario Fernández) solicité al tribunal la delegación de poder de los abogados (Luis) Hermosilla y (Juan Ignacio) Urrutia”. Así, el primero de éstos últimos se sumó como asesor externo del nuevo mandato.
El primer juicio, cabe recordar, se anuló el 29 de diciembre de 2017, tras absolver a los 11 imputados por el incendio que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay el 4 de enero de 2013, en la granja Lumahue, en el comuna de Vilcún.
Corresponde a la segunda vez que Hermosilla representaría el caso, tras haber participado, durante el primer periodo de Piñera, en el proceso que sentenció al único condenado, hasta la fecha, por la muerte de los adultos mayores en 2013: Celestino Córdova, por una pena de 18 años de presidio.
Luis Hermosilla, abogado de la Universidad Católica, expresó en La Tercera que “esta es una causa de gran conmoción no sólo en la región de La Araucanía, sino que a nivel nacional y me han pedido que asuma la representación de la intendencia en nombre del próximo gobierno”. Fue defensor de Claudio Spiniak y, hasta hoy, representa a la familia del senador Jaime Guzmán.
La declaración de José Peralino Huinca, uno de los acusados, permitió identificar a los otros 10 imputados mapuche, donde se incluye la machi Francisca Linconao Huircapán. Esta versión, sin embargo, habría sido obtenida por “medios coercitivos”, según afirmó posteriormente el mismo Peralino.
Hermosilla, quien hoy presentó patrocinio y poder ante el tribunal para conocer de la causa como querellante, expresó que “este tema corresponde a una política que trasciende al gobierno de turno“, en representación del actual Ministerio del Interior y con el abogado de la cartera Luis Correa Bluas. “Yo continuaré con la representación a partir del 11 de marzo, hasta que termine el juicio”, dijo.
“El desarrollo de los juicios orales no se puede variar, aquí se ha planteado una posición en la apertura realizada hoy que nosotros continuaremos hasta la clausura del juicio, entendiendo que es un proceso de una alta complejidad y que tiene dificultades a partir de lo mediático”, respondió Hermosilla, ante un posible cambio de estrategia en la nueva administración.
Respecto de lo anterior, detalló que “las pruebas que se van a rendir son aquellas que fueron seleccionadas en la audiencia de preparación de juicio oral, que incluso tuvo lugar con anterioridad al proceso que fue anulado hace un tiempo por la Corte Suprema”.
Hay expectativa de que Hermosilla se encargue, asimismo, de asesorar a la nueva presidencia en otras investigaciones penales importantes y en las que el Ministerio del Interior tiene la representación como querellante.
En la audiencia, presidida por el magistrado Germán Varas, el fiscal Héctor Leiva comunicó que usará 144 pruebas, testigos y pericias. En ese sentido, Leiva espera a que el tribunal valore “la investigación que se hizo” y que, asimismo, “se llegue a un veredicto condenatorio”, tal como lo ordenó la corte cuando anuló el fallo anterior, al decir que la prueba no fue valorada como correspondía.
En relación al testimonio de Peranilo como la principal evidencia del Ministerio Público, el fiscal agregó que su declaración “es una línea de investigación que se abre a raíz de su primera declaración y estimamos que se cumplió con toda la normativa legal para obtenerla. Además, fue corroborada en una segunda declaración. Es más, es concordante con toda la prueba recopilada en la investigación y los hallazgos en el sitio del suceso”.
Sobre las repercusiones en otras causas penales que podría tener la llamada Operación Huracán, en que se investiga la presunta manipulación de evidencia obtenida por Inteligencia de Carabineros, el fiscal Leiva aseguró que “tenemos confianza en la prueba que trajimos para este caso” y que el mismo tribunal señaló el principio de objetividad con el que se ha actuado.
De esta forma, Leiva indicó que “cuando (el Ministerio Público) ha observado que alguna prueba no reúne los estándares necesarios, ha tomado la decisión de no perseverar. Este no es el caso, es una investigación seria, que nos motivó a formular la acusación, porque estimábamos que se cumplía con todos los estándares que exigía la ley”, indicó el fiscal.
Por su parte, la machi Francisca Linconao manifestó que “estoy segura de que vamos a ganar de vuelta”.
En total, se contemplan 39 audiencias en este nuevo juicio, el que se reanudará mañana.