A las 10:00 horas de este jueves, Amnistía Internacional publicará su informe anual denominado “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017-2018”, donde se abarca el panorama respecto de de DD.HH. en 159 países y territorios. En esta versión, de 500 páginas, acusó nuevamente a Chile de recurrir a “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuches”.
En relación a lo anterior, el texto cita episodios como la reapertura en la Corte Suprema del caso Álex Lemún, “muerto por disparos de un agente de policía” en 2002. También se refirió los 11 mapuches acusados de “terrorismo” en el marco del incendio que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013, incluyendo a la machi Francisca Linconao. Asimismo, retomó el caso de Brandon Hernández, joven de 17 años que recibió más de 100 perdigonazos en la espalda por parte de un carabinero en 2016.
Amnistía Internacional abordó el uso de la Ley Antiterrorista en el apartado “derechos de los pueblos indígenas”. La aplicación de la primera, justamente, ha sido muy debatida en las últimas semanas, producto de la denominada Operación Huracán, donde fueron sobreseídos los ocho imputados y formalizados por la misma Ley, desatándose una controversia entre fiscalía y Carabineros por falsificación de pruebas.
Sobre los detenidos por la Operación Huracán, el documento detalló con la información que obtuvo hasta su cierre, en diciembre 2017. En ese sentido, reveló que a estas personas se les acusó “de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios. Nadie resultó herido en esos incidentes”, agregando que los acusados “estuvieron detenidos en espera del juicio hasta octubre, cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva”.
El presidente electo Sebastián Piñera anunció, el pasado 11 de febrero, que se modernizará la Ley Antiterrorista. Además, advirtió que se vendrían cambios operativos y administrativos a las fuerzas policiales, que incluirían herramientas de investigación como agentes encubiertos, entregas vigiladas y testigos protegidos.
Amnistía subrayó en su informe con que “el Ministerio Público y el gobierno han seguido abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales” y recordó, respecto de capítulos como el de Norín Catrimán y otros, que “en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre DD.HH.”.
El capítulo chileno, en el marco de los “derechos sexuales y reproductivos”, alude al proyecto de despenalización del aborto en tres causales —riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación—, que entró en vigor en septiembre del año pasado. Aquí, el documento enfatizó en la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que “optaran por no realizar abortos incluso en esas circunstancias”.
En el apartado sobre derechos para la comunidad LGTBI, el organismo internacional apunta al envío del proyecto de matrimonio homosexual con derecho a adopción y la aprobación del proyecto de identidad de género impulsados, respectivamente, por el gobierno y el Senado.
De igual forma, en materia de “impunidad”, afirmó que las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante la Dictadura exigen aún, justicia, verdad y reparación. “Aunque los tribunales han conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplen penas de prisión y muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación”, añadió Amnistía.