El gobierno, a través del Ministerio del Interior, presentó una querella contra los responsables de obstruir la correcta investigación del caso Operación Huracán. Además, apeló al sobreseimiento de los comuneros mapuche inicialmente imputados.

En el marco de la Operación Huracán y la investigación en contra de funcionarios de Carabineros que habrían adulterado evidencia, con el fin de encarcelar a ocho comuneros mapuche, el gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables “como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”. Así lo señaló un escrito judicial de diez páginas, firmado por el abogado del Ministerio del Interior, Matías Moya.

De acuerdo a La Tercera, Interior considera que el Ministerio Público ha fallado en ejercer una correcta administración de la justicia en el caso. Por esta razón, además de presentar la querella, solicitó a Fiscalía una serie de diligencias, tales como reunir y asignar al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, toda causa relacionada con Operación Huracán; solicitar a Google, Yahoo y Microsoft, información sobre las cuentas de mensajería involucradas en el caso; y pedir a un organismo de “carácter imparcial y suficientemente calificado que efectué un peritaje tendiente a dirimir las controversias entre las conclusiones de los informes del Labocar y Ulddeco (Unidad de la Fiscalía Nacional)”.

Los diputados Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS), sostuvieron que “es una acción tardía pero necesaria atendido el peso de las bochornosas circunstancias” y  que “por primera vez el gobierno está separando aguas con la postura institucional de Carabineros sobre la Operación Huracán y los ha dejado solos”, respectivamente.

Pero eso no es todo en cuanto al actuar del gobierno. La mañana del miércoles 14 de febrero, ingresó la apelación al sobreseimiento de los ocho comuneros mapuche. Interior dejó de manifiesto que esperaba “de buena fe el resultado de las diligencias declaradas secretas, supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera de que la investigación se encuentra cerrada”, además de acusar al juez responsable del fallo, de vulnerar las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso, consignó el medio antes mencionado.

El motivo de la apelación sería una falta de rigurosidad en la investigación que concluyó en el sobreseimiento de los imputados. Los peritajes de la fiscalía no detallarían el proceso de análisis de los equipos durante el cual se extrajeron los mensajes falsificados. El fiscal Felipe González agregó a esto que, a pesar de que las pruebas en contra de los ocho comuneros mapuche habían sido, en efecto, adulteradas, “en ningún caso daban cuenta de la inocencia de los imputados. Es más, dichas anomalías en la actualidad son objeto de una investigación penal distinta, en pleno desarrollo”.