El 24 de enero de 2018, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de Educación Superior, que asegura la gratuidad, prohíbe el lucro y crea una institucionalidad que fiscaliza y asegura la calidad de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Este estaría listo para su promulgación por el Presidente de la República, una vez que haya pasado por el control de legalidad del Tribunal Constitucional.

¿Cuáles son los principales cambios de la nueva ley de Educación Superior?

1. Se crea una nueva Subsecretaría de Educación Superior

El proyecto de ley crea una institución que colaborará directamente con el Ministro de Educación en la “elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional”, según consigna el artículo 7 de la norma.

Esta tendrá una división dedicada a la educación superior, y otra dedicada a la educación técnico profesional de nivel superior.

Con ello, la subsecretaría estará a cargo de:

• Una estrategia para el desarrollo de la educación superior.
• Políticas tanto para universidades como para el sector técnico profesional.
• Políticas que promuevan el acceso, inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes.
• Otorgar o revocar el reconocimiento oficial del Estado a instituciones de educación superior.
• Administrar un Sistema Nacional de Información de educación superior.
• Generar y coordinar instancias de participación, diálogo y vinculación con universidades, institutos, centros de formación técnica, educación escolar, gobiernos regionales, entre otros.
• Solicitar a las universidades antecedentes e informaciones sobre la situación de la enseñanza superior del país.

2. Se crea una nueva Superintendencia de Educación

El proyecto crea una institución fiscalizadora, que vigila el cumplimiento de las leyes y reglamentos de parte de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, para garantizar y resguardar su calidad y evitar o sancionar la presencia de lucro.

Para esto, podrá:

• Verificar si las instituciones de educación superior siguen cumpliendo con los requisitos que permitieron que se les entregara un reconocimiento oficial.
• Conocer sus estados financieros y hacer recomendaciones, y velar porque destinen sus recursos a los fines propios.
• Asegurar que las casas de estudio respeten los términos y condiciones de los servicios que adscribieron con los estudiantes.

3. Crea un sistema de Acreditación Institucional obligatorio

Actualmente, las instituciones de educación superior se pueden someter de manera voluntaria a procesos de acreditación institucional, de sus programas y diferentes carreras ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta entrega un sello que asegura que esas instituciones tienen sistemas de gestión y docencia que cumplen con criterios de calidad, por un número de años determinado, lo que les permite acogerse a beneficios como becas, créditos y gratuidad en el ingreso, dependiendo del caso.

La nueva ley permitirá que la nueva  Agencia de Calidad de la Educación, que evaluará y orientará el sistema educativo, “para que este propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas”.

Esta tendrá la potestad de otorgar una a acreditación institucional, que será obligatoria para todas las instituciones desde 2020, y tendrá varios cambios:

• Las casas de estudio, en lugar de someterse a procesos de certificación voluntaria en cualquier momento, deberán realizarlo en períodos específicos que se abrirán para acreditar grupos de carreras.
• Los posgrados deberán estar certificados.
• En lugar de basarse en años de certificación, las universidades e instituciones técnicas recibirán niveles de acreditación, de acuerdo con el grado de evaluación que recibieron en el proceso de aseguramiento de la calidad.

4. Crea un nuevo sistema de acceso a la educación superior

Según consigna La Tercera, el Sistema Único de Admisión (SUA) a universidades, en el que se aplica la Prueba de Selección Universitaria (PSU), dejará de ser administrado por el Consejo de Rectores (Cruch) y un nuevo Sistema de Acceso pasará a manos de un comité técnico. También tendrá la misión de establecer cada tres años la resolución que fije el máximo crecimiento de vacantes en la matrícula de instituciones adscritas a la gratuidad.

La nueva ley crea un mecanismo que establecerá nuevos procesos e instrumentos para que los estudiantes postulen y accedan a las instituciones adscritas, a través de una plataforma electrónica única administrada por la Subsecretaría de Educación.

Esta ofrecerá a los postulantes información sobre:

• El acceso a las instituciones de educación superior.
• La oferta académica y vacantes.
• Los procesos de admisión.
• Los mecanismos y factores de selección.
• Políticas especiales de acceso.
• Plazos de postulación.

5. Garantiza la gratuidad como derecho universal

El proyecto de educación superior consagra el acceso gratuito a la universidad. Como señala Emol, en los últimos años este beneficio llega hoy al 60% más vulnerable de la población y solo se podía establecer a través de una glosa de la ley de presupuestos.

Con ello, ahora se transformaría en una norma permanente y una política de carácter universal, en la medida que la situación del país lo permita, para así abarcar a todos los niveles sociales.

Así mismo, las instituciones que se adscriban a la gratuidad tendrán ciertos topes máximos en el cobro de aranceles para quienes no cuentan con el beneficio y pertenecen al séptimo, octavo y noveno decil de ingresos.

Para ello, las instituciones deben:

• Contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia.
• No tener fines de lucro.
• Estar adscritas al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.
• Aplicar políticas que permitan acceso equitativo de estudiantes y programas de apoyo a estudiantes vulnerables.

6. Mayor apoyo a la formación técnico profesional

Tradicionalmente, la educación técnica ha carecido de mecanismos que permitan conectar mejor la oferta de especialistas de nivel superior con las necesidades del mercado laboral.

La ley también plantea una Estrategia Nacional de Formación para estas instituciones, que oriente el desarrollo e implementación de las políticas de esta materia. Con ello, se busca fortalecer la articulación entre el sistema educativo y la vinculación con la educación universitaria y las necesidades del país.

Así:

• Analizará la oferta y demanda de técnicos y profesionales.
• Definirá áreas de desarrollo estratégico para la formación técnico profesional.
• Recomendará la articulación de la oferta formativa.
• Vinculará a estudiantes de educación media con formación superior técnico profesional y universitaria.

Aunque ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Educación Superior todavía debe ser revisado por el Tribunal Constitucional y promulgado por el Presidente de la República.

Con todo, los avances y progresos que ofrece esta nueva legislación tomará un tiempo en implementarse, por lo que es importante informarse cuándo se hará efectivo un beneficio especifico y cómo poder acogerse a éste.