![](/templates/desktop/includes/img/DIARIO-CONCEPCION-LOGO.png)
Un radical giró tomó la causa conocida como Operación Huracán luego que la Fiscalía de La Araucanía decidiera no perseverar en la investigación y cerrar el caso, tras confirmar la manipulación de pruebas por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros.
Esto quedó plasmado en un escrito que ingresó este jueves la Fiscalía al Juzgado de Garantía de Temuco, el cual señala: “al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (…), condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal”, detalla La Tercera.
Las evidencias cuestionadas, que sirvieron como argumento para detener en septiembre de 2017 a ocho comuneros mapuche, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, fueron conversaciones por los servicios de mensajería móvil WhatsApp y Telegram, donde los supuestos implicados planificaban los ataques.
No obstante, el 19 de octubre la Corte Suprema ordenó la libertad de los detenidos dado lo poco claro de los fundamentos presentados del peritaje realizado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).
A esto se suma que el informe 861-2017, escrito del Ministerio Público que reza: “no se plasman hallazgos sobre conversaciones telefónicas respecto del teléfono de Martín Curiche (uno de los imputados), cuestión que sí se encuentra señalada en el preinforme con fecha 24 de septiembre de 2017”, el que además precisa que de las 27 diligencias solicitadas sólo tres fueron concretadas.
El hallazgo motivó a que las evidencias rescatadas de los teléfonos móviles fueran enviadas a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uideco) de la Fiscalía Nacional, la cual el 28 de septiembre reveló que “se pudo constatar la existencia de algunos archivos que no guardarían relación con las formas en que se almacenan las mensajerías al interior de los dispositivos telefónicos (…), dando cuenta de la posible instalación de esa información por parte de terceros”.
A lo desvelado se añadió que la Fiscalía Nacional concluyó que de todos los teléfonos incautados sólo dos tenían instalado WhatsApp y uno Telegram, sumado a que uno de los mensajes presentados como antecedente “tiene fecha de registro en el equipo posterior a la fecha de incautación”.
El fiscal Cristian Paredes abrió una causa penal el 28 de diciembre por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra quienes resulten responsables de la maquinación contra el vocero de la CAM, Héctor Llaitul.
A lo mencionado, el Ministerio del Interior notificó que “se requirió una investigación administrativa inmediata, destinada a esclarecer las denuncias. Esta estará a cargo del subdirector de Carabineros, general Julio Pineda”.
Además, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Luis Arroyo, presentó una querella donde acusa que efectivos de Carabineros realizaron un montaje en su contra, al vincularlo en una supuesta filtración de información a Llaitul, la que incluso tuvo presuntas pruebas obtenidas de conversaciones telefónicas vía mensajería.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que “es un hecho inédito y gravísimo, puesto que significa alterar pruebas”. “Cuando la fiscalía solicita a Carabineros que se entregue la información básica sobre la cual se fundan los antecedentes, al no tener respuesta se hizo una pericia a los teléfonos incautados durante la detención y se ha podido determinar, a través de un peritaje hecha por expertos de la fiscalía, como por un perito externo, que se habrían incorporado con posterioridad a la incautación de esos dispositivos”, precisó el jefe del Ministerio Público.