La alta dirección de Carabineros anunció una orden de sumario administrativo tras las acusaciones de manipulación de pruebas en el marco de la “Operación Huracán“.
Bajo este marco, el general de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, defendió el trabajo realizado por la policía uniformada, revelando que en mayo de 2017, cuatro meses antes de las detenciones de los comuneros, “se transmitieron verbalmente a la Fiscalía Regional de Temuco antecedentes de inteligencia”, los que fueron evaluados, analizados y “lograda la convicción por parte del ente persecutor”, se solicitó a “Carabineros la liberación y entrega de la información para iniciar la persecución penal”.
Asimismo, respecto a las pericias realizadas, el general indicó que éstas “se efectuaron en primera instancia con la autorización legal de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien precisamente realiza el control de la legalidad de las medidas”, por lo que el ente persecutor habría solicitado de requerir la detención de 10 de las 17 personas individualizadas en la investigación.
Sobre las diligencias efectuadas para obtener evidencia de los teléfonos móviles, Blu aseveró que “esto se realizó conforme a las instrucciones, supervisión, control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la unidad especializada de Lavado de Dineros, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional”.
Con los argumentos presentados, el general Gonzalo Blu reiteró su preocupación por “la presentación de no perseverar”, ya que “colocan en tela de juicio las decisiones y control jurisdiccional realizados en esa oportunidad”. “No solo eso queda en duda, sino que es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas y más aun quedando una veintena de diligencias pendientes”, añadió.
“Nosotros mantenemos inalterables la convicción respecto de la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados”, sentenció.