El monto establecido corresponde a lo recibido a través de boletas que se destinaron a financiar su campaña senatorial por Los Ríos en 2013.
A poco más de tres años de dados a conocer los correos electrónicos que vincularon al senador UDI Iván Moreira con el caso Penta, el fiscal jefe de la RM a cargo de la investigación, Manuel Guerra solicitó una audiencia para buscar una salida alternativa al juicio oral.
A través de esta iniciativa, el desaforado parlamentario deberá pagar una multa de $35 millones, luego que el Ministerio Público llegara a un acuerdo de restitución de dineros con el abogado de Moreira, Gabriel Zaliasnik.
El ofrecimiento de la fiscalía -suspensión condicional del procedimiento- se concretó, sin embargo, pese al rechazo de los fiscales a cargo del inicio de la investigación, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes, en privado, durante una reunión ocurrida en los últimos días, habían manifestado su oposición al acuerdo.
El fiscal Gajardo cuestionó tácitamente en Twitter el acuerdo, para destacar que el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, había señalado públicamente hace algunos días que en aquellos delitos de “mayor relevancia social” se privilegiaría llegar a juicio oral con “el objeto de obtener la mayor cantidad de penas”.
Cabe recordar que, Moreira fue formalizado por el delito tributario de facilitar la emisión de boletas por un total de $ 35 millones, montos que se destinaron a financiar su campaña senatorial por Los Ríos en 2013.
Según explicó el fiscal Guerra, el estrecho fallo con que la Suprema desaforó a Moreira podía vaticinar un revés para la fiscalía en un juicio.
“Cuando uno analiza el fallo”, dijo el fiscal regional, “tenemos a ocho ministros de la excelentísima Corte Suprema que consideran que la conducta del senador Moreira no sería constitutiva de delito. De los ocho ministros, tres integran al día de hoy la sala penal del tribunal, que es donde se terminarían conociendo eventualmente recursos en caso de que nosotros obtuviésemos una sentencia condenatoria”.
Finalmente, de concretarse el acuerdo el senador desaforado, primero debe ser sentenciado por un juez de garantía y superar las posibles ofensivas judiciales de los querellantes. Superando esto Moreira podrá restablecer sus labores parlamentarias, en directo beneficio de Chile Vamos, conglomerado que recuperaría un voto en el Senado.