Tres de estos ex uniformados se encuentran fuera del país. La policía civil trabaja con una unidad especializada para dar con el paradero de estos condenados.
“Teniente Cachete Grande” era como apodaban al ex comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires. Él era uno de los jefes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y estuvo en los cuarteles Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Hoy, este oficial retirado encabeza el listado que elaboró la PDI sobre los condenados que están prófugos por casos de derechos humanos ocurridos durante el régimen militar.
Esta nómina se encuentra en el documento “Diagnóstico Fenómenos Criminales del Área de Delitos Contra los Derechos Humanos”, de la Brigada de DD.HH. de la policía civil, e incluye los nombres de las siete personas más buscadas en esta materia.
De estos, tres se encuentran fuera de Chile y cuentan con búsqueda internacional. En la tabla en que aparecen estas personas también se registran las condenas asociadas. Así, por ejemplo, Lawrence Mires registra tres casos de tormentos a detenidos, ocho secuestros, cinco homicidios, dos homicidios calificados y una causa de apremios ilegítimos.
Entre los otros tres prófugos que están en territorio nacional se encuentra Demóstenes Cárdenas, empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) que, según el sitio web Memoria Viva, “dependía directamente del director de la Dina, Manuel Contreras”.
El listado también lo componen Juan Rubilar Ottone (ex miembro del Ejército que dirigió la Brigada Antisubversiva de la CNI desde 1984) y Miguel Soto Duarte (ex carabinero y miembro de la CNI, condenado por homicidio calificado).
Los tres ex agentes que están en esta condición y que se encuentran fuera de Chile son Walter Klug Rivera, oficial (r) del Ejército que fue parte del Servicio de Inteligencia Militar (SIM); Armando Fernández Larios, radicado en Estados Unidos y formó parte de la Caravana de la Muerte; y Carlos Minoletti Arriagada, ex oficial del Ejército condenado por homicidio en el episodio Calama de la Caravana de la Muerte.
El subprefecto Eric Martínez, jefe de la Brigada de DD.HH. de la PDI, indicó que “se ha generado un trabajo coordinado con el equipo de búsqueda de personas. Ellos tienen un equipo especial que se dedica a hacer todas las diligencias necesarias para dar con ellos”. Estos policías, según trascendió, han realizado una serie de diligencias en domicilios de familiares o cercanos a estos prófugos, para intentar dar con su paradero.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, indicó que “nos parece grave que un criminal como Lawrence, que está involucrado y condenado en varios crímenes de lesa humanidad, haya desaparecido y esfumado en el aire”. Añadió que “lo que hemos planteado es que debiera haber una política igual a la de los delincuentes más buscados.
¿Por qué no ponen su rostro en los lugares públicos, como por ejemplo en los aeropuertos?”.
En tanto, Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestó que la situación de estas personas “es algo que se debe remediar en el más breve plazo. Lo que hay que esperar es que las policías y la inteligencia policial, como las medidas de seguimiento y búsqueda, operen. Los condenados y prófugos son personas peligrosas”.
Si bien parte importante de las causas que investiga la Brigada de Derechos Humanos está centrada en los casos ocurridos durante el régimen militar y que son tramitadas por ministros en visita, en los últimos tres años la unidad ha comenzado a recibir casos contemporáneos. El subprefecto Martínez indicó que “cumplimos 10 años y estamos en el desafío de enfrentar las modificaciones que vienen con la nueva ley, que tipifica el delito de torturas en el sistema penal público del país”.
Así, las estadísticas revelan que en los primeros seis meses de este año la PDI investigó junto al Ministerio Público 87 causas de tormentos a detenidos. En 2014 fueron indagados ocho de estos ilícitos, cifra que aumentó a 21 en 2015 y a 41 en 2016.
Al respecto, Marelic indicó que “existen muchas explicaciones al aumento de este tipo de casos. Una primera consideración es que siguen ocurriendo causas de violencia en este tipo de hechos. Lo segundo es que cuando existe mayor conciencia, también aumenta la denuncia”.
Marelic añadió que “también esto se debe por la existencia del INDH, en que muchas veces podemos llevar a la justicia estos casos. Esto demuestra que la gente no está tolerando abusos de privación de libertad”.
Según la autoridad, estos nuevos casos demuestran “el avance de los crímenes de la dictadura a crímenes de la democracia. Es un tránsito bastante lógico, en entender que los derechos humanos pueden ser violados y deben ser respetados en todo momento”.