El oficio N°47, de 52 páginas, fue enviado por la directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, al presidente de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, el diputado DC José Miguel Ortiz, el 25 de octubre.
En este informe, el servicio respondió 35 preguntas realizadas por el senador RN Alberto Espina sobre los principales nudos críticos del Sename.
Las dudas planteadas por el parlamentario en la comisión el 16 de octubre -donde luego se rechazó el presupuesto de la partida del Ministerio de Justicia- buscaban resolver una serie de interrogantes respecto de la permanente crisis que afecta a la institución, en relación a cómo son atendidos los menores en los centros de protección de derechos y de justicia juvenil, que albergan a quienes cumplen una medida preventiva o de sanción. Solo para graficar, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016, hubo 243 menores muertos en centros y residencias dependientes del Sename.
Así, Espina preguntó a Huerta ¿cómo es el funcionamiento interno?, ¿hay efectividad de los programas?, ¿cuántos menores infractores de la ley tienen problemas de consumo de alcohol y drogas?, ¿hay un registro de los menores inmigrantes atendidos por el sistema?, ¿cuántos son los niños inimputables que cometen delitos? y ¿a cuánto llega hoy la millonaria deuda del 80 bis y desde cuándo se arrastra? Aquí, las respuestas.
“¿Cuántos de los infractores de ley tienen consumo de drogas o alcohol y problemas de salud mental?”. Esa es una de las preguntas que abordó la directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, en el oficio enviado al Congreso.
Según este documento, hay un informe de evaluación técnica elaborado por Gendarmería, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda) y el Sename, que establece que en 2016 se atendieron 4.475 adolescentes del sistema de justicia juvenil por consumo problemático de drogas y trastornos de salud mental, lo que se tradujo en la atención de 5.904 casos.
Los menores que estuvieron ese año en el área de justicia juvenil fueron 9.067 en total, lo que significa que las atenciones por estas problemáticas llegaron a la mitad de todos los adolescentes que estuvieron bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente.
En el documento se describen diferentes programas, siendo el más costoso durante 2017 el “tratamiento residencial” con un gasto de $ 786 mil para cada mes de plan para una persona con problemas de consumo de drogas o alcohol.
Para el senador RN Alberto Espina, “no están ni los recursos ni los programas necesarios para atender a los niños con consumo problemático de drogas ni trastornos de salud mental. Se encuentran absolutamente olvidados y lo peor es que los pocos programas que están tampoco sabemos su impacto real, es decir, si permite la rehabilitación y reinserción social de los menores o no”.
Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, coincide con Espina. “Las coberturas en materias de adicciones, aunque han aumentado siguen siendo insuficientes, priorizadas en (el área de) justicia juvenil, pero no en protección, en que las tasas de consumo problemático son elevadas sin una respuesta coherente a esa realidad específica”.
“¿Cuántos niños menores de 14 años han cometido delitos? ¿Qué programas existen para estos infractores de ley que son inimputables?”. Estas son otras de las interrogantes que se plantean en el informe realizado por el Servicio Nacional del Menores (Sename).
De acuerdo a sus cifras, en 2016 se registraron 688 niños mayores de seis años y menores de 14 atendidos en el área de protección de derechos que cuentan con faltas o delitos penalizables.
Asimismo, se informó que entre enero y septiembre de este año hubo 585 en las mismas condiciones.
Se explica que ellos entran al sistema de protección del Sename por la vulneración de sus derechos, es decir, a través de una medida de protección.
Según el informe, existen dos programas que reciben mayor cantidad de ingresos de niños menores de 14 años a través de los tribunales de familia, en que la causa se relaciona con una infracción a la ley penal. Uno de ellos es el “Programa 24 Horas” y otro es el “Programa Especializado de Conductas Abusivas de Carácter Sexual”. Este último, explican, “es una modalidad que aborda de manera específica la temática de la violencia sexual, buscando prevenir que los niños que cometen una agresión sexual reiteren este comportamiento”.
Según Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, “al año pasan por tribunales poco más de dos mil niños inimputables, sin embargo, las cifras del servicio son menores, pues gran parte ingresa bajo la condición de vulnerados en sus derechos, invisibilizando el hecho de necesitar una oferta especializada que signifique detener tempranamente las trayectorias delictivas de los niños”.
Agregó que “estudios internacionales han demostrado que cuanto más temprano se inicie en el delito, más profunda y prolífica pasa a ser la trayectoria delictiva. En otras palabras, detrás de un adulto multirreincidente hubo un niño que se inició temprano, muchas veces impulsado por la droga”.
Cuando los Tribunales de Familia consideran que hay casos urgentes de niños que necesitan ser ingresados al sistema del Servicio Nacional de Menores, aplican un ar- tículo que se llama “el 80 bis”. Así, obligan a los organismos colaboradores que dependen del Sename a prestar el servicio de manera inmediata. Esto, pese a que no exista una oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida.
El financiamiento de estos casos por parte del gobierno se hace con años de atraso, lo que implica que las instituciones colaboradoras tengan que cubrir las atenciones impuestas por esta norma.
De acuerdo a la información entregada por la directora del Sename, Solange Huerta, al Senado, esta deuda se arrastra desde 2009 y llega a $ 9.600 millones.
Sin embargo, de ese total este año se generó la morosidad más alta en nueve años: $ 8.500 millones. Esto lo explica el Sename porque este año los tribunales han pedido más de 173 mil plazas (cupos) adicionales.
El senador RN Alberto Espina calificó la situación como “grave, porque significa que el gobierno no está cumpliendo con su obligación legal de garantizar y proteger a los niños vulnerados, ya sea directamente o a través de los organismos colaboradores”.
En ese sentido, dijo que “es un error gravísimo culpar a los Tribunales de Familia por la deuda que tiene el Sename. Los jueces hacen su trabajo y tienen que derivar a niños que requieren atención urgente que no puede esperar”.
Según el parlamentario, esta situación se podría mejorar “proveyendo una oferta de programas ambulatorios y residenciales de calidad, que respondan a la realidad de los niños vulnerados, incorporando también los recursos necesarios para ello”.
Alejandra Riveros, directora de Asuntos Públicos de Aldeas Infantiles S.O.S., dijo que “el 80 bis debe eliminarse, ya que invisibiliza la demanda real por atención y con ello se precariza todo el sistema”. Así, señaló que “la solución es revisar la oferta programática disponible versus la demanda real y corregir aumentando plazas y creando nuevos programas”.
Cristián Glenz, director ejecutivo de Pequeño Cottolengo, indicó que “es preocupante que esa deuda siga subiendo, ya que significa que hay un problema de fondo que no se ha solucionado. Los niños son mal derivados por los jueces a hogares que no cuentan con las capacidades para recibirlos, especialmente a los con problemas psiquiátricos”. En tanto, para Sergio Morales, abogado de Libertad y Desarrollo (LyD), como el financiamiento del 80 bis se hace con retraso, “va generando a nivel presupuestario un déficit que merma la calidad de las atenciones”.
Según Paulina Henoch, investigadora de LyD, “es importante mejorar esta situación revisando los criterios judiciales usados para decretar estas internaciones precautorias, de modo de generar mayor certeza que permita proyectar las capacidades y recursos necesarios con los que deberán contar los distintos centros para dar cumplimiento de manera eficaz y eficiente a estas derivaciones”.
Desde el Sename indicaron que “gracias a los recursos inyectados, correspondientes a $ 18 mil millones, antes de fin de año se pagará la totalidad de la deuda de arrastre, quedando pendientes de pago solamente los montos correspondientes al último mes de este año”.
Entre enero y septiembre de este año, un total de 2.294 niños y adolescentes extranjeros entraron al sistema de protección del Sename. Se trata de derivaciones ordenadas desde los
Tribunales de Familia y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), para su inserción en programas ambulatorios de intervención y reparación (2.062 ingresaron este año), además de centros de protección (173) y familias de acogida (59).
El año pasado, en tanto, un total de 2.337 menores migrantes se atendieron en centros dependientes del organismo.
En tanto, al número de niños y jóvenes infractores de ley extranjeros que son atendidos en el área de Justicia Juvenil, el informe realizado por la directora nacional del Sename, Solange Huerta, dice que estos llegaron a 134 entre enero y septiembre de este año y durante todo el año pasado se registraron en total 161 de estos casos.
Se explica, además, que la circular N° 10, que es la que fija el procedimiento de ingreso de niños extranjeros a la red Sename, hoy está en proceso de reforma “para reflejar de manera integral las especiales acciones que deben llevarse a cabo en la atención de menores migrantes”.
“¿Cuánto tiempo, en promedio, pasan institucionalizados los niños en el sistema de protección residencial?”, dice la pregunta número 15 del oficio N° 47 enviado por la directora del Sename, Solange Huerta, a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto.
En respuesta, el servicio elaboró un cuadro que muestra el promedio de días en que los menores están residencias, centros de administración directa y hogares para discapacidad hasta el 30 de septiembre de 2017.
Se indica que a esa fecha 5.686 estuvieron internados en residencias y centros de administración directa y que el promedio de permanencia al que se llegó es de un año y 10 meses.
En tanto, en relación a la permanencia promedio en residencias de discapacidad, en que hasta septiembre de este año se registraron 271 menores, esta es de cuatro años y cinco meses. En estos casos, “las permanencias suelen incrementarse en el tiempo, pues el cumplimiento de la mayoría de edad, en muchos casos, no supone el egreso del sujeto de atención del sistema residencial”, dice el informe.
De los 10 programas de intervención ejecutados por organismos colaboradores y de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename), solo tres tiene todas sus metas cumplidas en 2016. En el resto hay deficiencias en los porcentajes de egresos.
Estos proyectos son evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social anualmente, con cortes semestrales. Uno de estos que presenta incumplimiento de metas es el especializado en intervención con adolescentes con conductas abusivas de carácter sexual. Esto en relación al porcentaje de adolescentes egresados del plan y a los que lograron egresar aprobando el mismo programa.
En cambio, una de las iniciativas que sí cumplió con la meta propuesta fue el programa de representación jurídica de niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. De acuerdo al oficio enviado por la directora nacional del Sename, Solange Huerta, la meta estimada del porcentaje de niños y adolescentes víctimas de delito y/o graves vulneraciones de derechos que acceden a representación jurídica corresponde a un 70% y el resultado obtenido fue de un 98 %, por lo que la califican como una meta superada.