“¡Territorio y autonomía para la nación mapuche!”. Esa fue la frase que gritó ayer el vocero y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), H.L.C., mientras salía esposado de la comisaría de Carabineros para ser trasladado al Juzgado de Garantía de Temuco. Ahí lo formalizaron por asociación ilícita en carácter terrorista y lo sindicaron como el líder de una agrupación dedicada a realizar atentados incendiarios en las regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos.
La Fiscalía de la IX Región también imputó como miembros de este grupo al hijo del dirigente de la CAM, E.L.P., y a otras seis personas. Además, a dos de ellos se les levantaron cargos por supuesto incendio terrorista.
La jueza de garantía Luz Arancibia prohibió dar a conocer la identidad de los detenidos, autorizando publicar solo sus iniciales. Sin embargo, desde el sábado que estos nombres ya circulaban en diversos medios, incluyendo la versión de ayer de La Tercera.
Los ocho imputados quedaron en prisión preventiva y se dio un plazo de investigación de cuatro meses.
El fiscal César Schibar aseguró, en la audiencia de formalización, que este grupo fue el autor de tres ataques incendiarios a camiones, que dejaron un saldo de 36 vehículos y cuatro máquinas destruidas. No obstante, aún estaban lejos de su meta trazada.
Según la fiscalía, el objetivo de la organización era quemar durante 2017 un total de 100 camiones. Esta información fue obtenida a través de una conversación de WhatsApp entre el líder de la CAM y D.C.A. (presunto ex miembro del MIR-EGP), que fue registrada el 20 agosto. “Hermano te felicito”, dijo H.L.C., a lo que D.C.A. respondió “como 30 van este año”. Luego, el vocero de la CAM le señaló “100 mínimo quiero”. Según el fiscal Schibar, en “esta conversación D.C.A. felicita a H.L.C. con el atentado a la empresa Calafquén y este último señala que desea al menos 100 camiones quemados este año, de los que ya van más de 40”.
Respecto al funcionamiento de la agrupación, el Ministerio Público señaló que “entre marzo y septiembre de 2017, H.L.C, E.L.P., J.H.C., J.H.C., F,T.N., M.C.C., C.L.R., J.H.M., D.C.A. y R.H.C., pertenecen a una organización de carácter permanente en el tiempo, con estructura jerarquizada (ver recuadros), formas determinadas de comunicaciones, concertados con distribución de tareas, que comparten motivaciones comunes, destinadas a cometer delitos contrarios al orden social”.
Con estos actos, según el Ministerio Público, los detenidos causaron “en una parte de la población el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie”. En específico, la fiscalía menciona a los “transportistas, vinculados principalmente a las empresas forestales”. Entre los atentados que se imputó está la quema de 17 camiones el 4 de marzo, la destrucción de 17 vehículos el 19 de agosto y un ataque a Forestal Mininco el 4 de septiembre.
Para el ente persecutor, los imputados buscaron imponer exigencias a la autoridad, “tales como la libertad de los denominados presos políticos mapuche y el reconocimiento de la autonomía y territorio de un determinado grupo de personas del ámbito rural”.
Una de las particularidades de este grupo, compuesto por personas que estarían vinculadas a la CAM y al grupo Weichan Auka Mapu, es que se comunicaban a través de los servicios de mensajería disponibles en los teléfonos celulares. Principalmente, Telegram y WhatsApp.
Por esta vía, aseguró el Ministerio Público, “los líderes les indican a los seguidores que deben ejecutar la quema de camiones en las provincias de Malleco y Cautín”.
Como ejemplo, la fiscalía expuso durante la formalización una seguidilla de mensajes enviados por el líder de la CAM. A uno de los imputados le escribió “¿programaste el viernes de fuego?”. En el marco de ese mismo diálogo, H.L.C. indicó que “el 21 de agosto doy charla en Santiago (…) Voy a buscar financiamiento”.
Otra conversación de este imputado, realizada con C.M.M. el 19 de agosto (día en que se quemaron 14 camiones en Padre Las Casas), el líder de la CAM escribió vía WhatsApp “Felicitaciones hermanos (signos de exclamación). Operación exitosa. Siempre lucharemos hasta que liberen a nuestra gente”.
Todas estas pruebas fueron obtenidas por Carabineros en el marco de la Ley de Inteligencia, con la autorización de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Patricia Cuevas, abogada del vocero de la CAM, dijo que faltaban pruebas contra su representado. “Él insiste en que es inocente, lo va a mantener hasta que la causa se termine. Lamentablemente, los antecedentes que fundamentaron la medida cautelar de prisión preventiva son tan bajos, tan poca la prueba que existe, que estamos molestos por la medida interpuesta”.
Cuevas agregó que “se mencionaron tres incendios y no existe prueba material alguna que pueda vincular a ninguno de los imputados”.
En tanto, Nicolás Toro, abogado de los hermanos J.H.C. y R.H.C., dijo que “las imputaciones son bajas, burdas. Creemos que esta es una operación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en complicidad con Carabineros”.
En tanto, el fiscal regional de La Araucanía, Christián Paredes, dijo que la agrupación pretendía realizar más delitos de esta naturaleza, pero que no alcanzaron a materializar. Entre ellos, “se dispuso por el líder de esta organización que se debía cometer el ilícito el día antes de la lectura de la sentencia del caso Luchsinger Mackay, pero no se concretó”.