El fallecimiento de Lissette (11) en abril de 2016, en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), encendió las alarmas sobre el cuidado de los niños y adolescentes en estos recintos. Entre otras medidas, se aumentaron las fiscalizaciones y se desarrolló un programa interministerial para que no fuera sólo el Ministerio de Justicia el que pusiera el foco en los niños y niñas vulnerables, de modo de evitar nuevas tragedias. Igualmente, se están revisando todos los procesos sancionatorios pendientes para aplicar los castigos correspondientes.
Para conocer cuántos funcionarios están bajo la mira del Sename ante eventuales maltratos a menores en los centros dependientes del servicio, La Tercera solicitó el número de sumarios que actualmente están abiertos por maltrato a niños, niñas o adolescentes, y cuántos funcionarios han sido desvinculados por estos hechos, entre 2012 y julio de 2017.
La entidad contestó que del período consultado hay 106 sumarios que continúan abiertos, es decir, procesos sancionatorios aún no resueltos. De estos, un 42% de los casos (44) corresponde a 2014 y 2015, y llega a 46% (49 casos) entre 2012 y 2015.
Según explicaron desde el Sename, “una situación de maltrato se puede develar por el relato del niño o adolescente, de un funcionario, de un externo del centro, como el colegio o centro asistencial, o de un familiar. Al tomar conocimiento, el centro realiza el procedimiento determinado frente a hechos eventualmente constitutivos de delitos o maltrato físico o psicológico en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención. En ese proceso se establecen medidas inmediatas para proteger al niño y otras, de mediano plazo, para evitar que se repitan eventuales vulneraciones”.
Sumado a esto, el Sename ordena una investigación interna donde el director o jefe técnico del centro debe aclarar la situación, informar al tribunal que lleva la causa y, si el hecho puede constituir delito, informar a la familia y al Ministerio Público.
El organismo añadió que “mientras dure la investigación, el fiscal a cargo de ese sumario puede solicitar que el funcionario sea separado de sus actividades, para evitar que tenga contacto con los niños. Una vez finalizadas las pesquisas, la formulación de cargos y la resolución del sumario, se determina si el funcionario es absuelto o si existirán sanciones, siendo la más alta la desvinculación. Paralelamente a estos procedimientos, si los hechos pueden ser constitutivos de delito, la justicia sigue su propia investigación”.
Para la diputada RN Marcela Sabat, quien integraba la comisión investigadora del Sename, “el hecho de que existan tantos sumarios aún abiertos es muestra de que no hay urgencia en mejorar la realidad de maltratos al interior de las residencias, donde no existe una forma de trato única para los niños. Hay niños en peligro y es fundamental que se instruyan todos los procesos correspondientes. La falta de cierre de sumarios habla de cómo se trata este tema”.
Entre enero y el 31 de julio de este año se iniciaron 56 sumarios. Desde el Sename señalaron que “en el marco de la nueva mirada institucional, la directora nacional del Sename, Solange Huerta, ha fortalecido y mejorado los procedimientos para la detección de vulneraciones, con el fin de que todas las situaciones de posibles maltratos sean denunciadas y, por consiguiente, se inicien los sumarios administrativos correspondientes”.
Además, desde el organismo explicaron que en una situación de maltrato, el niño que sufrió la vulneración es atendido en el mismo centro donde ocurrió el hecho por los psicólogos de Sename, donde se incorpora esa situación en el plan de intervención para proveerle asistencia y contención inmediata.
Una vez concluidos los sumarios, y en el caso de que exista una responsabilidad del funcionario, el Servicio debe desvincular a la persona sumariada. Entre 2012 y julio de este año se ha despedido a 21 trabajadores por estar vinculados a casos de maltrato, de los cuales 12 corresponden a 2017.
La presidenta de los funcionarios del Sename, Alicia del Basto, explicó que “pedimos una reunión con el servicio en enero para definir hasta dónde podían llegar los funcionarios, y hasta el día de hoy no nos han dado respuesta. Hoy, quienes definen el maltrato son personas de organizaciones de derechos humanos. Y, como asociación, no aceptamos que ellos nos capaciten. Este es un ámbito técnico”.
Del Basto precisó que el trabajo de los funcionarios con los menores “es particular. Acá se trabaja con gente muy especial. Entonces, hay que tener cuidado con las calificaciones a nuestro trabajo; no es que el funcionario se levantó pensando en torturar a un niño. Por eso, no estamos de acuerdo con que algunas intervenciones se llamen tortura, mientras no se defina hasta dónde se puede llegar en la contención”.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, discrepa de la opinión de Del Basto, y dice mirar con preocupación las cifras sobre las desvinculaciones. “Los números son preocupantes. Me llama la atención que se haya desvinculado a 21 personas, porque da cuenta de que sus supuestas vinculaciones a maltratos tienen un asidero”, dijo Marelic.
Además agregó que “toda situación que involucre la custodia de niños, niñas y adolescentes, bajo el amparo del Estado, es un problema de derechos humanos. La forma de contener y de remediar vulneraciones es algo que le interesa y que está bajo la órbita de los DD.HH., porque el Estado, al tener a los menores bajo su custodia, actúa como garante de todos sus derechos y ámbitos de actuación. Por lo tanto, la forma de contener a un niño puede, eventualmente, vulnerar su integridad personal y dejarle secuelas graves”.
Sobre el porqué estas personas, que después son desvinculadas por maltratos, lograron ingresar al Sename, el organismo explica que los funcionarios que son evaluados para ingresar a trabajar en la entidad deben ser sometidos a exámenes de medicina preventiva, a fin de constatar “salud compatible con el cargo”, y a una evaluación sicolaboral, “con aplicación de pruebas proyectivas, gráficas y de inteligencia, entre otras, además de una entrevista para competencias según el perfil del cargo”.
Para el diputado PPD, y quien presidiera la comisión investigadora del Sename, Ramón Farías, “parece preocupante que haya tantos sumarios abiertos y también la señal que se da con eso, porque todo da cuenta de que el personal no está calificado para un trabajo tan sensible como el cuidado de los menores. Son niños que están en formación. Para esto se requieren especialistas”.
Por otro lado, los organismos colaboradores -privados fiscalizados por el servicio- tienen las mismas exigencias que los centros del Sename, pero no están afectos a sumarios administrativos por parte del Sename, pues, según explicó la propia institución, “sus trabajadores no son funcionarios públicos y tienen sus propios procedimientos, que, ante irregularidades, pueden derivar en amonestaciones o incluso en desvinculaciones inmediatas”.