Ciento treinta y cinco exposiciones de 10 minutos cada una, de agrupaciones representantes de diferentes segmentos de la sociedad chilena, considerará el Tribunal Constitucional (TC) antes de escuchar los alegatos jurídicos sobre la constitucionalidad del proyecto del gobierno que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Esta modalidad, previa a la batalla que protagonizarán el viernes tanto los abogados representantes de los senadores y diputados de Chile Vamos que recurrieron al TC para declarar la inconstitucionalidad del proyecto, como la defensa del propio gobierno, fue inaugurada en 2007 durante la revisión de constitucionalidad de la entrega de la ‘píldora del día después’ en centros de salud pública.
Entonces, el tribunal consideró necesario escuchar a diferentes personas, en sus calidades natural y jurídica, lo que quedó establecido como acuerdo para la revisión de iniciativas de interés público.
Desde entonces, la revisión de constitucionalidad de proyectos de alto impacto han desatado el interés progresivo de la sociedad: la primera vez que el TC aplicó este criterio en la discusión de la ‘píldora del día después’ participaron siete agrupaciones. Otras iniciativas, como la Ley de Pesca o la gratuidad en la educación superior convocaron a 17 y 18 expositores, respectivamente, siendo la reforma laboral la última iniciativa que más interés había concitado con la consolidación de 47 presentaciones públicas ante el TC.
Esto hace que las 134 personas que escuchará el tribunal a partir de mañana convertirá al proyecto de aborto en un hito en la historia del TC.
Anoche, el TC hizo pública una resolución en la que informaban el detalle de las organizaciones que se inscribieron para ser oídas antes del vencimiento del plazo, este lunes a las 14 horas.
Debido a la magnitud inédita de participación, el TC definió hoy un cronograma estricto que contemplará escuchar a los interesados, entre el miércoles y jueves, en tres bloques horarios que parten a las 9 de la mañana y terminarán a las 12 de la noche. Cada participante tendrá 10 minutos para entregar sus argumentos.
La participación contemplará el orden de inscripción realizada en la secretaría del tribunal, la que comenzó el martes 8 de agosto pasado.
En las intervenciones, según la resolución informada por el TC, los integrantes del tribunal no formularán preguntas y no serán admitidas réplicas de los expositores. Tampoco está permitido el uso de apoyo audiovisual. La audiencia será transmitida vía streaming a través de una señal oficial.
Según la información publicada emitida hoy por el TC, se inscribieron una gran cantidad de organizaciones a favor y en contra del aborto entre ONG, fundaciones, corporaciones, organizaciones civiles, entidades gremiales, entre otras, donde destacan un gran número de organizaciones religiosas e iglesias evangélicas, además de seis universidades, donde destacan, además de la Pontificia Universidad Católica, la inscripción de la Universidad de Chile, que será representada por el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, y las universidades de los Andes, Finis Terrae, Católica del Maule y Católica de Valparaíso.
Seis partidos políticos también se inscribieron para participar de las audiencias, donde destacan las participaciones de Camila Vallejo, por el PC; la candidata presidencial Beatriz Sánchez, por Revolución Democrática; además de otros representantes del PPD, Amplitud, PRO y el PS. Otras personalidades políticas participarán como personas naturales, como la diputada independiente Karla Rubilar y la senadora PPD Adriana Muñoz.
Entre las presentaciones figuran también dos escritos que contienen cuatro testimonios de mujeres que sufrieron diferentes situaciones que, a su juicio, podrían haber sido subsanadas si el proyecto de ley hubiera estado vigente al momento de sus vivencias.
“Esta ley ya no me sirve, pero pido que les den la posibilidad de elegir a otras mujeres de optar por no pensar en vez de una cuna en un ataúd”, versa uno de estos escritos.
Otras 34 personas optaron por hacer presentes sus opiniones a través de lo que se denomina en términos jurídicos como amicus curiae, que se trata de opiniones voluntarias de terceros ajenos a un litigio, las que se hacen presente de manera escrita.
Entre estas destacan la que presentó la Conferencia Episcopal en representación de la Iglesia Católica (ver nota relacionada), escritos de académicos de las áreas del derecho y la salud, así como una serie de entidades extranjeras, como la Organización Mundial contra la Tortura o Human Rights Watch.
Otro documento que destaca es la carta de más de 15 abogados constitucionalistas y otros allegados a la materia (ver nota relacionada) donde se expresan en favor del proyecto del gobierno.