En el último de los cinco días de plazo que tenía para contestar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Chile Vamos contra la ley que despenaliza el aborto en tres causales -riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación-, el gobierno ingresó su informe con observaciones al Tribunal Constitucional (TC).

En un documento de 107 páginas, el Ejecutivo entregó sus argumentos para sustentar que la nueva norma no transgrede la Carta Fundamental. El contenido está resumido en 20 conclusiones. En ellas se sostiene que el requirente “hace una incorrecta interpretación del verdadero sentido del proyecto de ley” al plantear que se ha liberalizado la interrupción del embarazo o que se trata de “un primer paso” en esa dirección, ya que “la regla general sigue siendo la más absoluta prohibición de todo perjuicio al que está por nacer”.

Se esgrime que la Constitución le asiste al embrión o feto “un deber de protección, no un derecho a la vida como el que asiste a las personas”, por lo que “no es absoluto o incondicionado”.

“El proyecto de ley pondera la vida del que está por nacer con los derechos de la mujer. Al legislador sí le está autorizado realizar un juicio de ponderación entre esta protección y otras finalidades constitucionalmente legítimas”, como lo sería “la protección y resguardo a los derechos de la mujer”. Esto estaría en línea con “los tratados de DD.HH. vigentes en Chile”.

El documento agrega que “es desproporcionado” que “se prefiera en todo caso y bajo toda circunstancia la protección del feto antes que el reconocimiento del estatuto de persona autónoma y de dignidad de la mujer”.

Asimismo, establece la garantía de que cada una de las tres causales debe acreditarse a través de diferentes medios técnicos.