Durante la jornada de hoy, el Ministerio Público solicitará al Octavo Juzgado de Garantía una audiencia para formalizar a los senadores Fulvio Rossi (ex PS) y Jorge Pizarro (DC) en el marco del caso SQM, donde se indaga la facilitación de presuntas boletas y facturas falsas para el financiamiento irregular de actividades políticas.
Según confirmaron fuentes oficiales, la fiscalía imputará a Rossi delitos tributarios consagrados en el inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario, respecto de varias boletas de asesores del senador, las que fueran extendidas a SQM y luego rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por no poseer respaldos de los servicios prestados.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, figuran tres asesores y ex colaboradores del senador por Arica con boletas emitidas a la minera y que fueron rectificadas por la compañía: la periodista Mariela Molina, con documentos por $ 44 millones entre 2010 y 2012; René Madariaga ($17 millones) y Valentina Martínez ($22 millones).
“La fiscalía ha hecho un uso abusivo de sus facultades. No tengo ninguna confianza en una fiscalía que toma decisiones a cuatro meses de la elección, cuando no tienen ningún antecedente en la carpeta hace un año y medio”, dijo Rossi anoche a La Tercera.
Antes de conocerse la intención de los persecutores de levantar cargos en su contra, el parlamentario sorprendió durante la tarde de ayer al difundir un video en internet en donde emplazaba al Ministerio Público a que lo desaforara.
“Quiero pedir públicamente al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y al fiscal que lleva la causa, Pablo Gómez, que soliciten al más breve plazo mi desafuero, ya que tengo el legítimo derecho a defenderme en los tribunales de justicia y poder, así, enfrentar con tranquilidad las próximas elecciones”, señaló en el mensaje difundido en redes sociales.
El senador DC ha sido vinculado al caso SQM a raíz de las facturas presumiblemente falsas emitidas por la empresa de sus hijos Jorge y Sebastián Pizarro Cristi, Ventus Consulting, a SQM.
Según la investigación, Ventus emitió a la minera no metálica once facturas falsas por un total de $ 45 millones.
Sobre ambos hijos del legislador democratacristiano existe una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), mientras que Sebastián Pizarro fue formalizado el 31 de agosto de 2016 por los delitos de emisión y facilitación de facturas ideológicamente falsas y por omisión maliciosa en la declaración de impuestos.
Anoche La Tercera tomó contacto con el senador Pizarro, señalando que no estaba informado de la decisión de la fiscalía de levantar cargos en su contra.
“No he sido comunicado al respecto, me ha sorprendido este trascendido. He colaborado en la investigación de la fiscalía como testigo y es primera noticia que tengo. Cuando conozca de qué se trata, me referiré al tema”, afirmó.
La vinculación de sus hijos al caso SQM ha afectado fuertemente al parlamentario falangista, siendo la causa que lo llevó a reunciar a la presidencia de la DC en abril del año pasado.
“A poco tiempo de asumir nuestro mandato surgieron acusaciones que han sido aprovechadas. Por supuesto que este tiempo no ha sido fácil ni mucho menos conducir el partido (…) todo tiene un límite. Durante un año he puesto la prioridad del partido y creo haber cumplido con la tarea. Ahora lo más importante es la familia”, dijo entonces Pizarro al dimitir a la conducción de la colectividad.
A la renuncia a la presidencia DC se podría sumar ahora la suspensión de su militancia. Y es que en medio de las investigaciones por financiamiento irregular de la política, su sucesora en la mesa directiva, Carolina Goic, fijó como criterio que todo militante que fuese formalizado quedaría en calidad de suspendido.
“No estoy de acuerdo con que uno aparezca en la prensa y sea condenado, pero sí estamos claros que si alguien es formalizado se le suspende su militancia y si hay condena se pierde”, señaló Goic a los pocos días de asumir como timonel de la tienda.
Fuentes ligadas a la investigación explicaron ayer que se decidió pedir las formalizaciones en este momento debido a que están cerca los plazos en que prescribirán los presuntos delitos indagados por la fiscalía. De hecho, en el caso de Rossi se solicitaron los registros de sus salidas e ingresos al país, ya que las estadías en el extranjero afectan los plazos en que se extingue la persecusión de los delitos.