Santuario en venta y descentralización ambiental

Óscar Reicher Salazar
Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción

Los recientes hechos relacionados con la puesta en venta del Fundo Ramuntcho, en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, ha adquirido una creciente relevancia que ha puesto en la discusión pública la demanda por parte de la comunidad y autoridades locales: que el Estado adquiera dicho predio y lo destine a fines de conservación, restauración ecológica y desarrollo sustentable.

Sin embargo, esta propuesta es de compleja viabilidad por las reglas actuales que configuran no solo la disponibilidad presupuestaria del Estado, sino que también la administración centralizada de los fondos que se obtienen de las multas aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), ya que estos fondos van al presupuesto nacional donde son redestinados a distintos fines y regiones.

Es importante dotar al sistema institucional de mecanismos eficaces que integren la variable territorial, en especial de los recursos económicos generado en la región. En tal contexto, es conveniente resurgir la idea de que una parte de los recursos provenientes de sanciones aplicadas por la SMA quede en las regiones donde se verificó la infracción y esos fondos se destinen a fines de interés ambiental local.

Esta idea ha sido discutida en espacios académicos, legislativos y ciudadanos (no es autoría de quien escribe). Sin embargo, su postergación contrasta con los avances en descentralización administrativa y con el principio de equidad territorial. La propuesta es conceptualmente simple: permitir que un porcentaje de las multas aplicadas por la SMA se reintegre al territorio afectado, a través de un fondo regional ambiental con fines específicos: restauración ecológica, monitoreo participativo, educación ambiental o fortalecimiento institucional local. Ello permitiría traducir el castigo monetario en una herramienta efectiva de recuperación ambiental y cohesión territorial.

De todas formas, de prosperar una idea así, es importante incorporar ciertas salvaguardas, es decir, mecanismos que eviten cualquier incentivo perverso que promueva la captura institucional (uso político proselitista de las multas) o la especulación económica sobre áreas ambientalmente sensibles (colocar en el mercado bienes que no están a la venta, pero que por la relevancia ambiental aumentan su valor comercial).

Avanzar en esta línea no implica transformar las multas en mecanismos de compensación automática, sino reconocer que la justicia ambiental requiere acciones reparadoras con arraigo territorial. Si el país ha optado por fortalecer su institucionalidad ambiental y sus regiones, entonces es momento de que sus instrumentos reflejen ese compromiso de forma coherente y concreta.