Carlos Uslar
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
La protección de los niños, niñas y adolescentes es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y segura. En este sentido, el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores, representa un avance significativo en la garantía de los derechos de la infancia y en la prevención de situaciones que puedan vulnerar su integridad. Esta normativa, que prohíbe el acceso a trabajos con menores a personas con antecedentes penales por delitos sexuales o violencia contra niños, es una herramienta esencial para la seguridad pública y el resguardo de los más vulnerables.
La importancia de esta política pública radica en su enfoque preventivo. Al establecer un marco claro de inhabilidades, se evita que personas con historiales delictivos que atentan contra la infancia tengan contacto con menores en espacios educativos, recreativos o de cuidado. Esto no solo protege a los niños, niñas y adolescentes, sino que también genera un entorno de confianza para sus familias y la comunidad en general.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hemos impulsado políticas públicas que refuercen este compromiso fortaleciendo la coordinación entre los organismos del Estado y las familias chilenas para asegurar el cumplimiento de esta normativa y promover una cultura de prevención y denuncia que se complementan a otras iniciativas estatales que buscan articular esfuerzos intersectoriales para garantizar el bienestar de los menores. Este programa incluye capacitaciones a profesionales que trabajan con niños, campañas de sensibilización para la comunidad y la promoción de entornos seguros en escuelas y centros de atención.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende también del compromiso de toda la sociedad. Es fundamental que las familias, las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias estén informadas y participen activamente en la protección de la infancia. La denuncia oportuna y la colaboración con las autoridades son claves para prevenir situaciones de riesgo.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seguiremos trabajando para fortalecer estas políticas y asegurar que ningún niño, niña o adolescente en Chile sea víctima de abuso o violencia. La protección de la infancia es una responsabilidad de todos, y juntos podemos construir un futuro más seguro y justo para las próximas generaciones.
