Silvana Espinosa
Greenpeace Chile
Hace pocos días se dieron a conocer los resultados del séptimo informe anual de IQAir sobre calidad del aire en el mundo (respecto de la concentración de material particulado -MP- 2,5), que destacó tanto la amplia red de monitoreo chilena (la mayor de la región), como que durante 2024 la concentración media anual de este contaminante disminuyó en nuestro país -pasando de 18,8 μg/m3 en 2023 a 16,6 μg/m3 en 2024-.
Sin embargo, no todo es bueno; el reporte de IQAir puso en relieve que la concentración de MP2,5 detectada en promedio en nuestro país es más de tres veces superior a las directrices de calidad del aire que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) que apuntan a una concentración no mayor a 5 μg/m3. Y no sólo eso: además dio a conocer que en un ranking de las 15 ciudades de Latinoamérica y el Caribe con mayores niveles de este tipo de contaminación del aire, seis son chilenas y están ubicadas en el sur de nuestro país.
Las ciudades de Coyhaique, Pitrufquén, Nacimiento, Victoria, Osorno y Padre las Casas están destacadas en el 2º, 3º, 4º, 8º, 9º y 13º lugar de este nefasto ranking, dejando a la población de estos territorios expuesta a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y evidenciando que las políticas públicas y los planes de descontaminación atmosférica (PDAs) no están teniendo el impacto que se requiere en estas zonas.
Considerando que en algunas ciudades sureñas más del 80% de la contaminación del aire por MP2,5 se puede atribuir a la combustión de leña para calefacción y cocina (además de otras fuentes como el transporte o la actividad industrial), resulta urgente que el Estado implemente nuevas medidas estructurales y profundice el impacto de las existentes -sobre todo en aquellas zonas más expuestas a una mala calidad del aire- como la promoción de energías limpias para calefacción, la inversión y fomento de la aislación térmica de viviendas, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, una mayor protección a las áreas verdes, el fortalecimiento de normativas ambientales y el aumento de fiscalización industrial, priorizando siempre la salud y el bienestar de las comunidades más afectadas.
Si tenemos en cuenta que, además de las seis mencionadas ciudades, miles de habitantes de otros territorios -como la misma ciudad de Santiago o el polo industrial de Quintero Puchuncaví- hace años se enfrentan a este problema, urgen soluciones rápidas, contundentes y efectivas por parte del Estado, aunque también de la sociedad en su conjunto, para evitar que la mayor parte de nuestra población respire un aire que, potencialmente, los puede enfermar.
