Iván Marambio
Presidente de Frutas de Chile
La fruticultura se ha convertido en el segundo sector exportador del país, después del cobre. De hecho, los resultados de los dos últimos Imacec, diciembre de 2024 y de enero de 2025, dejan clara evidencia de los aportes del sector frutícola a la economía del país. El primer mes del año se enviaron al mundo más de 320 mil toneladas de frutas frescas, lo que en valores FOB, según el Banco Central, se tradujo en US$ 2.660 millones. Todo esto, ha sido posible gracias al trabajo serio y comprometido de productores y exportadores por cumplir con los estándares de calidad requeridos por los consumidores más exigentes del mundo, donde el trabajo de control, inspección y certificación del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ha sido clave y vital para el crecimiento de nuestra industria.
Por ello, resulta positivo que los trabajadores del SAG y la Dipres lograran un acuerdo respecto a reintegrar el presupuesto que les había sido recortado, dejando sin efecto la movilización anunciada por los funcionarios para este mes de marzo.
No obstante, lo ocurrido deja en evidencia una realidad que se arrastra ya hace algún tiempo y que nos preocupa, pues mientras año a año las exportaciones frutícolas crecen, aumentan los riesgos fitosanitarios y las exigencias para el Servicio Agrícola y Ganadero son mayores, el presupuesto que reciben no va acorde a las necesidades, especialmente cuando este organismo público podría perfectamente contar con los recursos que requiere. En efecto, el sector privado paga por las inspecciones y certificaciones que realiza el SAG. Sin embargo, parte de estos recursos, no pueden ser utilizados por este servicio producto de las restricciones de funcionamiento de los servicios públicos, imposibilitándolos de hacer uso de estos dineros que, por lo demás, van creciendo cada temporada.
Nuestra industria quiere seguir contribuyendo a la labor del SAG, la cual, valoramos y destacamos, pero es necesario que se adecué la institucionalidad del Servicio Agrícola y Ganadero de manera que los dineros que la fruticultura paga por los servicios recibidos queden dentro del SAG, para que de esta forma pueda mantener el alto standard que la industria de la fruta, que crece año tras año, necesita.
Creemos que el Estado debe fortalecer a aquellos organismos encargados de acciones estratégicas para el desarrollo y crecimiento del país, por lo que hacemos un llamado a las autoridades, del poder ejecutivo y legislativo, para que, en concreto, se realicen las modificaciones legales y reglamentarias que se requieran para que los dineros que el sector privado aporta al SAG puedan ser utilizados en su propio presupuesto anual.
