Javier Vergara
Director Zona Sur de Fundación Huella Loca
El concepto de equidad territorial parte de una idea básica: garantizar que todas las personas puedan acceder a un mismo nivel de bienestar o calidad de vida, sin importar la región, provincia o comuna en que se resida. Sin embargo, esta premisa no se cumple a cabalidad en diversos sectores rurales de nuestra región, donde se registran grandes dificultades en el acceso al agua potable para consumo humano, como el acarreo de baldes o bidones de agua sin potabilizar, o la recepción de cargas semanales de este recurso a través de camiones aljibe (medida inicialmente provisoria, pero que se ha vuelto permanente).
Se trata de situaciones adversas y, sobre todo, dispares (pues en la ciudad basta abrir una llave para que el agua fluya continuamente). Asimismo, son asimetrías que la Agenda 2030, en el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definen como prioridad, dado que se establece el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental y una condición esencial para la salud, el desarrollo económico y la equidad social.
Afrontar esta brecha no es sólo responsabilidad del Estado y del gobierno de turno, sino también de las propias comunidades, del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto. Esto es de vital importancia si consideramos que, en un contexto de confianza y cohesión social, se pueden generar las propuestas necesarias para transformar realidades.
Bajo este diagnóstico y el interés común por abordar estos desafíos, cobran relevancia los programas de Asistencia Técnica para Comités de APR de la provincia de Biobío, que ejecutamos como Huella Local por mandato del Gobierno Regional del Biobío. Y en esa línea, corresponde indicar que son iniciativas desarrolladas con los equipos municipales de todas las comunas, con de la participación de servicios públicos relacionados y los propios beneficiarios.
Este programa apunta a generar beneficios en las 14 comunas de este territorio, mediante el levantamiento de la situación actual de los APR locales, la formulación e implementación de soluciones de optimización tecnológica para diversos comités y el diseño de 16 nuevos sistemas. Desde su puesta en marcha, hemos constatado que representan un ejemplo de innovación pública nacida en nuestra región, con el potencial de fortalecerse y replicarse en otros Gobiernos Regionales del país. Esto se debe a que fomenta la colaboración entre diversos organismos y genera un sólido involucramiento de la comunidad de cada territorio.
