Alba Sepúlveda Plata
Fundación Tierra de Esperanza

A lo largo de más de una década de experiencia en el campo educativo, desde los roles de profesora, directora de un colegio, supervisora y coordinadora técnica en la Fundación Tierra de Esperanza, he podido constatar una realidad que, aunque compleja, guarda un profundo potencial transformador: la educación pertinente y especializada tiene el poder de resignificar las trayectorias socioeducativas interrumpidas de adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia.

Desde el conocimiento empírico en Tierra de Esperanza, que acumula más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos pedagógicos y socioeducativos, se evidencia que la educación contextualizada transforma las representaciones sociales que estos jóvenes tienen sobre el significado de la educación en sus vidas, además de permitirles reconocerse como sujetos de aprendizaje con la capacidad de contribuir activamente a sus comunidades.

Sin embargo, para que la educación cumpla su rol como herramienta de transformación y contribuya a la construcción de proyectos de vida alejados del delito, es imperativo que el sistema educativo y la sociedad en su conjunto eliminen las barreras que obstaculizan la inclusión, integración y proyección escolar de las y los jóvenes.

Entre las principales barreras destacan la estigmatización social, los prejuicios que los señalan como peligrosos, la discriminación en el acceso por antecedentes judiciales, la expulsión arbitraria y la segregación del espacio escolar. Estas prácticas vulneran el derecho a la educación y también afectan profundamente la motivación, el autoconcepto y la autoeficacia escolar, aspectos fundamentales para el aprendizaje y desarrollo socioemocional.

Un estudio reciente sobre las trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley confirma esta realidad, al describir cómo perciben el medio escolar como un entorno hostil y rígido que limita su libertad y genera un sentimiento de desvalorización de sus capacidades y desapego hacia las normas (Domínguez et al., 2022).

En este contexto, garantizar el derecho a la educación trasciende la simple oferta de acceso. Para la población en contextos de responsabilidad penal adolescente, implica la creación de entornos educativos seguros, acogedores, flexibles y participativos, que articulen acciones con las familias, las comunidades y otros actores sociales.

La educación debe ser vista como un acto colectivo capaz de construir segundas oportunidades. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva, donde la justicia social se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo para todos los jóvenes, sin importar su pasado.