Álvaro Aguilar
Presidente Consejo Asesor Fundación Ronda
La Región del Biobío enfrenta un desafío crucial en materia de inclusión laboral. Con la promulgación de la Ley N°21.690, que amplía la cuota de contratación de personas con discapacidad al 2% en empresas con más de 100 personas trabajadoras, una vez que el 80% de estas compañías cumpla con el 1%, la región debe redoblar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de esta normativa y avanzar hacia una inclusión laboral más efectiva.
Según un artículo publicado por Diario Concepción en septiembre de 2024, 278 empresas del Biobío han reportado contratos bajo la Ley de Inclusión Laboral ante la Dirección del Trabajo. Aunque esta cifra representa un avance frente a años anteriores, sigue siendo insuficiente en comparación con el universo de empresas que deberían estar cumpliendo la normativa.
A nivel estatal, la situación no es más alentadora. Según el informe de cumplimiento del Sector Público de 2022, publicado en noviembre de 2023, sólo el 34,9% de las instituciones públicas a nivel nacional cumplen con la cuota mínima del 1%. En el Biobío, varios municipios clave, como Concepción y Chiguayante, aún no entregan los reportes electrónicos exigidos por la ley, lo que refleja una falta de compromiso institucional que debe ser subsanada antes de que la normativa se endurezca.
Los datos de certificación de discapacidad en la región también son reveladores. Hasta julio de 2024, 4.847 personas han obtenido certificaciones de discapacidad, siendo la discapacidad física la principal causa (53%). Sin embargo, esta cifra no se traduce automáticamente en empleos. Como sociedad, enfrentamos barreras culturales que persisten: los prejuicios sobre las competencias laborales de las personas con discapacidad siguen limitando su acceso al mundo del trabajo.
Para alcanzar los objetivos que impone la nueva ley, es fundamental que el sector privado y público trabajen juntos. Las empresas deben ser conscientes de que contratar a personas con discapacidad no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para construir equipos diversos y resilientes. Por su parte, el Estado debe intensificar las fiscalizaciones, pero también ofrecer más incentivos y apoyo técnico a las organizaciones que adopten estas medidas.
La inclusión laboral no es solo un acto de justicia social; también es un motor para el desarrollo económico y la cohesión social. Con el 2025 recién comenzando, la Región del Biobío tiene una oportunidad única de convertirse en un ejemplo nacional de compromiso con la equidad. Ahora más que nunca, es el momento de actuar.