Oscar Reicher Salazar y
Francisco de la Barrera Melgarejo
Profesor F. Ciencias Jurídicas y Sociales
y profesor F. Ciencias Ambientales de la UdeC.

2023 y 2024 fueron años en que el cambio climático dejó una huella marcada en la región del Biobío. Las devastadoras inundaciones del invierno y los incendios forestales del verano no solo evidenciaron la vulnerabilidad de nuestras comunas, sino también la urgencia de contar con herramientas adecuadas para prevenir y enfrentar estas crisis.

Frente a esto la Ley Marco de Cambio Climático planteó la necesidad que cada municipio elabore Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) dentro de tres años desde la publicación de la ley, lo que ocurrió en junio del 2022. El 2025 ya está aquí, y el plazo está por cumplirse con un panorama complejo. Muchos alcaldes recién asumidos, enfrentan el desafío de liderar este proceso con poco tiempo y, en muchos casos, recursos limitados. La ley establece que el incumplimiento de esta obligación será sancionado con multas equivalentes a una remuneración mensual del respectivo alcalde. Esto no solo representa un castigo personal para estas autoridades, sino también una pérdida de oportunidades para sus comunas de avanzar hacia una gestión climática eficiente y sostenible.

Una posible solución para enfrentar este desafío es la colaboración intercomunal, aprovechando los fondos disponibles a nivel regional. Los gobiernos regionales pueden jugar un rol estratégico en la articulación de esfuerzos entre municipios, facilitando la creación de planes agrupados que aborden problemáticas comunes y que, al mismo tiempo, consideren las particularidades de cada localidad.

Esta estrategia permitiría optimizar recursos y garantizar que las comunas, sin importar su tamaño o capacidad administrativa, cuenten con planes de acción robustos. En el caso del Biobío, estos planes deben priorizar medidas preventivas frente a fenómenos extremos recurrentes, como los incendios forestales y las inundaciones. Incorporar acciones concretas, como sistemas de alerta temprana, planificación territorial adecuada y fortalecimiento de capacidades locales, será clave para proteger a las comunidades y sus ecosistemas.

El tiempo corre, pero aún es posible cumplir con los plazos establecidos y, lo más importante, dotar a nuestras comunas de herramientas efectivas para enfrentar los impactos del cambio climático. Los alcaldes y gobernadores tienen en sus manos la posibilidad de liderar un cambio que no solo evite sanciones, sino que también marque un punto de inflexión en la relación de nuestras comunidades con su entorno.

El Biobío, con su diversidad geográfica y climática, es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país frente al cambio climático. Si actuamos con decisión y cooperación, podemos convertir esta región en un ejemplo de resiliencia y adaptación.