Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos
En qué momento la precariedad laboral se convirtió en la marca registrada de la administración pública?
En los últimos días, trabajadores y funcionarios de diversos municipios del Biobío, por ejemplo, en Concepción y San Pedro de la Paz, han sido desvinculados, y con cifras especialmente alarmantes en Tomé y Arauco. La situación afecta tanto a quienes contaban con un largo historial de servicio y experiencia, como a quienes han dado continuidad a programas esenciales para la comunidad. Los argumentos esgrimidos van desde déficit presupuestarios hasta necesidades de reestructuración, pero en la práctica, dejan en evidencia algo más profundo: la sostenida vulneración de derechos, en particular el derecho al trabajo y a la dignidad en el empleo.
Es cierto que las nuevas administraciones tienen la facultad de conformar sus equipos de confianza. Sin embargo, esa potestad no debería traducirse en una “cacería” de funcionarios que, sin mayores explicaciones ni evaluaciones objetivas, son obligados a abandonar sus puestos de un día para otro. Peor aún, se amparan en un sistema de evaluación de desempeño burocrático que, en lugar de asegurar la equidad y la transparencia, abre la puerta a valoraciones subjetivas o directamente discrecionales. Este mecanismo, en muchos casos, es utilizado para encubrir despidos que obedecen más a conexiones políticas o relaciones de amistad que a auténticas razones de servicio.
El costo de estas decisiones no solo afecta a los funcionarios, que ven cómo se trunca su carrera y se desconoce su experiencia, sino también a la ciudadanía, que pierde equipos con conocimientos valiosos para la continuidad de programas sociales y atención directa. Además, las administraciones se exponen a demandas que se costean con dinero público, perpetuando un círculo vicioso donde la inestabilidad laboral se convierte en la norma.
Bajo la perspectiva de los derechos humanos, resulta inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan justificando despidos masivos sin ofrecer garantías básicas como la debida protección a la estabilidad laboral. Un municipio sin sus equipos consolidados no solo pierde memoria institucional y eficacia, sino que desatiende su obligación de resguardar la dignidad de quienes hacen funcionar el aparato público.
¿Podemos seguir tolerando la normalización de la inestabilidad en la función pública, a costa de los derechos fundamentales de quienes sostienen las tareas más esenciales del Estado?