Dra Amaya Alvez Marín
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

La toma de decisiones públicas requiere muchas veces de fundamentos científicos. No obstante, hemos conocido por los medios que en Chile y a nivel mundial se multiplica el “negacionismo científico”. La reciente pandemia del Covid 19, los desafíos en materia de salud mental, el desarrollo de la inteligencia artificial, la crisis ecológica y los eventos climáticos extremos nos recuerdan cuán importante es fortalecer la investigación científica en Chile. En un reciente estudio de la revista Nature (Vol.636, Dic 2024), se estudian algunos de los obstáculos para la fluida relación entre científicos y tomadores de decisiones públicas. Este estudio destaca, por una parte, el desconocimiento de la más sólida evidencia científica por parte de los políticos, pero a su vez la falta de expertise de los científicos respecto al desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas.

En Chile no existe un mecanismo establecido formalmente para el diálogo de científicos y tomadores de decisión, salvo casos excepcionales. Una excepción es el Comité Científico permanente en la Ley Marco de Cambio Climático, denominado C4, que efectúa diversos pronunciamientos sobre la base de evidencia científica. Un ámbito por mejorar en la gestión del C4 es el desarrollo del diálogo bidireccional respecto de la utilidad de la información científica proporcionada al gobierno, y su impacto concreto en las políticas públicas. Esto se complejiza aún más a causa de la falta de coordinación entre ministerios y agentes públicos para que la evidencia científica y su impacto en la política pública sea trabajado en diálogo y retroalimentación permanente, y no en compartimentos estancos, separados.

En algunos países este vínculo se realiza de forma personal, basado en cercanía con el gobierno de turno. El debate en torno a qué figura institucional podría cumplir estas funciones son varias, por ejemplo una asesora científica permanente como en UK, o las Academias de Ciencias, como en USA. Una tercera opción es la figura de consejos científicos temáticos que provean propuestas científicas concretas a políticas públicas.

El principal elemento para esta relación fluida entre la política y la ciencia es la convicción de su necesidad, la voluntad para su institucionalización y el desarrollo de un diálogo permanente basado en la mejor evidencia científica disponible que guíe la toma de decisiones.