¿Dónde localizar las nuevas cárceles?

Aaron Napadensky Pastene
Director del Laboratorio de Estudios Urbanos UBB

En los estudios urbanos se ha venido discutiendo, desde ya tiempo, mecanismos procedimentales adecuados para la localización y distribución de equipamientos, que en la literatura anglosajona reciben el acrónimo de LULU, Locally Unwanted Land Use, es decir, usos de suelo socialmente necesarios, pero localmente repudiados. Todos queremos que saquen nuestros residuos domiciliarios y traten nuestras aguas servidas, pero nadie quiere tener un relleno sanitario o planta de tratamiento al lado de su casa. Todos queremos que quien cometa un delito, cumpla su condena, pero tampoco queremos una cárcel en nuestro barrio. Los movimientos ciudadanos que se generan en contra de estas localizaciones o NIMBY, Not In My Back Yard, suelen tener una efectividad determinada por el poder que encarnan, las simpatías que encuentren sus discursos en la sociedad y las alianzas que generen. Sin embargo, son criticados por egoísta, una vez expulsado el equipamiento conflictivo, el movimiento se desarma y el problema es trasladado a otra parte.

¿Qué hay detrás de esto? En urbes como las nuestras, que se producen y reproducen casi exclusivamente bajo la lógica de mercado, es el precio del suelo el principal asignador de usos, generando por defecto, una concentración desmedida de LULUs, en aquellas comunas con precios más bajos. En respuesta a esto, desde fines de los 90’, se acuñó el concepto de justicia ambiental, cuyo objetivo es evitar la concentración espacial desproporcionada de estos equipamientos en aquellos lugares donde residen grupos socialmente empobrecidos y con menos posibilidades de presión social, poder económico e influencia política.

Así, uno de las tantos dispositivos procedimentales para la localización de LULUs es la teoría del juego. Supongamos que pondremos una cárcel en el Área Metropolitana de Santiago, sus 37 comunas participan en un sorteo, y pensemos que sale Vitacura. Esta comuna, como todas las otras, renegará de tener una cárcel, y ella podrá ofertar un monto económico para que cualquier otra de las 37 se la lleve. No siendo atractivo, deberá incrementar su oferta hasta que otra comuna, previa consulta interna, determine que dicho monto le permitirá asumir obras compensatorias al costo de tener una cárcel. Pero qué pasa si la sorteada es una comuna pobre como Til Til, esta no tendrá recursos para ofertar y deberá asumir la azarosa ubicación. Claro que esta alternativa no es perfecta, pero sería un avance, al dar una condición inicial de igualdad a todas las comunas.