Camila Contreras Pereira
Seremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío

Tenemos que hablar incesantemente de la violencia que sufren las mujeres en Chile y el mundo, más allá de las coyunturas y las noticias de cada día. En un contexto donde se destacan temas como el crimen organizado y delitos que generan temor en la población, debemos abordar la violencia de género como una prioridad en Seguridad Pública. Las mujeres en Chile tienen más probabilidades de sufrir violencia de género que un portonazo, y aunque esto no minimiza el legítimo temor a la delincuencia, es urgente visibilizar la violencia que afecta a tantas mujeres, muchas más de lo que solemos creer.

La violencia de género no se limita a la imagen tradicional del esposo violento. Es una expresión de una estructura de dominación y subordinación que opera de manera silenciosa y constante, reproduciendo estereotipos y prácticas que legitiman el control y la agresión. Esto incluye desde los roles impuestos en la infancia hasta las conductas de control en relaciones amorosas tempranas que se normalizan. Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género enfrentamos este desafío con políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia. Contamos con un Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que implementa programas de prevención en 10 comunas, Centros de la Mujer en 15 más, programas de autonomía económica en 25 comunas, dos residencias transitorias y dos nuevos Centros de apoyo integral a víctimas. Además, integramos el Circuito Intersectorial de Femicidios, coordinando respuestas frente a casos graves, incluyendo femicidios tentados y consumados. También trabajamos en transversalizar la perspectiva de género en todas las acciones del Estado, promoviendo una modernización inclusiva.

Sin embargo, la erradicación de la violencia de género no puede depender solo de las instituciones públicas. Este desafío debe involucrar a toda la sociedad, porque no estamos ante un problema aislado ni una suma de hechos trágicos. Es una problemática estructural que exige cambios culturales profundos. Esto incluye cuestionar los roles de género impuestos desde la infancia, que limitan las oportunidades de niñas y mujeres, y eliminar las dinámicas de control y celos en relaciones amorosas. También es fundamental abordar el acoso escolar, donde las niñas son juzgadas con mayor severidad, y la violencia en el ámbito laboral, como el acoso o la discriminación.

La prevención debe ser un esfuerzo colectivo que trascienda las reacciones inmediatas frente a la violencia extrema. Requiere educar en igualdad desde las primeras etapas de la vida, promover relaciones basadas en respeto mutuo y autonomía, erradicar el acoso en espacios públicos y privados, y crear entornos seguros para el desarrollo de las mujeres. Este compromiso necesita la participación activa de comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas, medios de comunicación y empresas privadas.

Como sociedad, debemos romper con la indiferencia y asumir que cada acto de violencia de género no es un hecho aislado, sino el síntoma de una cultura que necesita transformarse. La erradicación de la violencia contra las mujeres no será posible sin un cambio cultural profundo que haga de la igualdad un valor esencial. Desde el Ministerio seguiremos impulsando políticas públicas para proteger y acompañar a las mujeres, pero necesitamos que toda la ciudadanía tome parte activa en esta lucha.