El cuestionado sistema penal chileno

Casos penales recientes como el caso Hermosilla, Monsalve, Barriga y Polizzi no solo reflejan la complejidad de la justicia penal, sino también el desafío que enfrentan los jueces al navegar entre sus funciones tradicionales de “aplicadores de la ley” y la presión social por respuestas efectivas a los problemas que aquejan al país.

La llamada crisis de la seguridad se ha convertido en uno de los temas más apremiantes para la ciudadanía. La percepción de inseguridad ha crecido, alimentada a su vez por un aumento en la delincuencia y sobre todo de los delitos violentos, en particular, los homicidios. Esto ha llevado a la ciudadanía a clamar por soluciones efectivas y rápidas, lo cual pone en jaque a todo el sistema de administración de justicia penal: fiscales, jueces, gendarmes, policías, entre otros.

Sin embargo, es fundamental analizar este fenómeno desde una perspectiva crítica, considerando las estadísticas. Chile ha sufrido una explosión importante en la cantidad de personas que están presas. En efecto, diversos estudios hablan de un aumento de casi un 60% en la cantidad de personas alojadas en el sistema carcelario chileno. Un medio de prensa recientemente daba cuenta de que el 40% de estas personas cumplen prisión preventiva, es decir, son personas que solo tienen la calidad de imputados y que no han sido aún condenadas por sentencia firme.

Al parecer entonces, el sistema judicial sí está respondiendo a la petición ciudadana de encarcelar a las personas acusadas de delitos. Sin embargo, esto no parece tener un correlato en la sensación de inseguridad que sentimos los chilenos, ya que esta aumenta a una tasa mucho más rápida que el aumento de la delincuencia, según las cifras oficiales.

Este fenómeno plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial para “calmar” los temores de la ciudadanía. Hay que recordar que la labor del juez no es prevenir el delito, sino castigar a quienes los han cometido. En otras palabras, solo entran en acción una vez que el delito ya se ha cometido y, por ende, no cumple labor preventiva. Simplemente, tiene otra función dentro del diseño social.

Luego, cabe reflexionar sobre lo siguiente: ¿estará la ciudadanía poniendo demasiada responsabilidad sobre los hombros de los jueces y fiscales, siendo que estos no pueden detener la comisión de delitos sino solo sancionarlos una vez que ya se han cometido? En ese sentido, ¿no será que los clamores ciudadanos deban dirigirse a otros entes del estado de manera de evitar la frustración y el aumento de la percepción de inseguridad?

Beatriz Larrain M.

Centro Estudios Europeos UdeC