Rodrigo Castillo Jofré
Abogado. Magíster en Derecho Público
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos

Este domingo 24 de noviembre en 11 regiones de nuestro país, incluida la Región del Biobío, se deberá acudir a las urnas para elegir en segunda vuelta al Gobernador/a Regional. Por motivos que pueden resultar muy atendibles, el involucramiento activo de la ciudadanía en torno a estas votaciones es visiblemente inferior en relación con la reciente jornada de octubre. Si bien es esperable que el escenario de baja participación de la elección anterior de 2021 cambie con el voto obligatorio, la participación informada debiese ser un motivo prioritario de preocupación.

La figura de los Gobernadores Regionales electos por votación popular desde 2021, que se suman a los Consejeros Regionales electos desde 2013, cuenta con un importante listado de funciones contempladas en la Ley sobre gobierno y administración regional, lo que en su momento y con justa razón, fue considerado un avance trascendental en la descentralización del poder en un país en que este está fuertemente concentrado en el plano económico, social y también, territorial. Formular políticas de desarrollo de la región, someter al CORE el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional, coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo, y promulgar los instrumentos de planificación territorial que indica la ley, son algunas de sus múltiples atribuciones, que se suman a aquellas que han sido objeto de transferencias específicas desde el gobierno central.

No obstante, un balance crítico de esta primera etapa de implementación de figura de los Gobernadores Regionales electos nos lleva a preocuparnos también de los necesarios ajustes que se requerirán a futuro en el ejercicio de sus funciones, especialmente, en materia de control y probidad, aspectos muy cuestionados a raíz de los denominados “casos convenios” que estallaron en diversas regiones. También, en cuanto al aprovechamiento de las potencialidades del cargo, especialmente en lo que respecta al desarrollo económico, mejoras en el transporte, la planificación territorial y la protección ambiental de las regiones. Esto último, pese a los esfuerzos de parte de muchas candidaturas y parte de la prensa centralizada, por enfocar en cuestiones ajenas a sus atribuciones la campaña, es lo que debiera preocuparnos al momento de afrontar la decisión entre los postulantes de este domingo.